En Nicaragua se sigue reprimiendo y violando los derechos del pueblo, denuncia la CIDH
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Daniel Ortega a través de su brazo represor como es la sancionada Policía sandinista, y ahora con el Poder Judicial de su lado para ejecutar procesos y acciones ilegales en contra de opositores nicaragüenses, continúa violando los derechos humanos y libertades del pueblo que resiste a sus embestidas políticas e inconstitucionales para atornillarse en el poder y desmantelar la institucionalidad democrática de Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reaccionó a la reciente orden judicial de la dictadura sandinista, de despojar de sus bienes privados y mercantiles a las 222 personas apátridas y ex prisioneras de su régimen en Nicaragua, a cuatro meses de ser desterrados hacia Estados Unidos por disposición de Ortega y Murillo.
El organismo regional se unió a las condenas y rechazos de la comunidad internacional en contra de la continua represión y violaciones de derechos humanos del pueblo nicaragüense perpetrada por el régimen sandinista.
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“Dichas sanciones afectan los bienes en mancomunidad, derechos de terceras personas y, además, dejan en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas, así como a sus familiares que permanecen en el país”, reza el comunicado oficial.
Para la CIDH, la orden de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua a la Procuraduría General de la República para formalizar el decomiso de todos los bienes de estas personas, constituye una sanción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Restricciones migratorias
Por otro lado, la CIDH denunció la política migratoria que mantiene el régimen de Ortega de impedir el libre ingreso o salida del país de la población. La CIDH a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), confirmó la continua violación a los derechos mediante esta “política arbitraria” que consiste en retirar y retener ilegalmente los pasaportes para impedir la salida de personas al exterior.
“MESENI ha recibido información sobre casos de prohibición de retorno de personas nicaragüenses, quienes se enfrentan a una situación de desplazamiento forzado, obligadas a buscar regularizar su situación migratoria o acceder a mecanismos de protección internacional en otros países”, agrega el comunicado.
De acuerdo a revelaciones del MESENI, algunas personas a las que el régimen les impidió arbitrariamente el retorno, se encuentran bajo una “apatridia de facto” debido a la imposibilidad de renovar sus pasaportes vencidos o acceder a otros documentos de identidad debido a que están fuera del país y por la negativa de Ortega de extender esta documentación.
“La Convención Americana consagra el derecho a la nacionalidad y establece expresamente una garantía contra su privación arbitraria (…) toda persona tiene un derecho inderogable a tener una nacionalidad y no ser apátrida, a conservar su nacionalidad. Estos Principios también reconocen el derecho de toda persona a regresar al Estado de su nacionalidad”, señala la CIDH.
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Persecución a la iglesia católica
Por otra parte, el organismo se encuentra preocupado por las nuevas detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, e incluso, integrantes de la iglesia católica. En el caso del congelamiento de cuentas bancarias a las diócesis del país, la CIDH alertó a que “continúa la represión contra los sectores críticos de la iglesia católica nicaragüense”.
Asimismo, la CIDH contabiliza que al menos 140 personas fueron detenidas entre los meses de abril y mayo pasado, en el marco de las celebraciones de semana santa y en la conmemoración del aniversario de las protestas de 2018.
“Si bien algunas detenciones habrían sido temporales, la información recibida apunta a que decenas de personas fueron judicializadas en audiencias secretas, procesos expeditos, sin el cumplimiento de las garantías judiciales”, denuncia el organismo.
“En otros casos, las autoridades habrían impuesto discrecionalmente la medida cautelar de “casa por cárcel” y órdenes de presentación diaria en estaciones policiales, lo que las mantendría en una situación de zozobra, asedio y persecución permanente”, agrega.
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia, controlada por el orteguismo, también ordenó la inhabilitación vitalicia de 26 abogadas y abogados, con lo cual el régimen buscaría perpetrar un ambiente de miedo y autocensura en contra de quienes ejercen la defensa de personas opositoras políticas o siguen trabajando en Nicaragua.
Invasión de colonos en territoris indígenas
Por otro lado, la CIDH conoció que las comunidades indígenas en la Costa Caribe del país han denunciado el agravamiento de la represión por detenciones arbitrarias, asedio policial, hostigamiento y la persistencia de agresiones, amenazas y secuestros por parte de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades sandinistas, lo que convierte esta situación en aún más alarmante para estas comunidades.
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Por ello, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales en el Asunto “Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua” a fin de incluir los pobladores de las comunidades indígenas Musawas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As, de la Región de la Costa Caribe Norte en Nicaragua.
