Urnas Abiertas: Ortega asesta nuevo zarpazo a bienes protegidos por la Constitución Política de Nicaragua

El organismo Urnas Abiertas afirmó este sábado en un pronunciamiento que la confiscación de bienes de las 222 personas declaradas “traidores a la patria”, ordenada este viernes por el régimen de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), es un nuevo zarpazo a lo protegido por la Constitución Política de Nicaragua.

Urnas Abiertas denunció que las instituciones del Estado en Nicaragua continúan trabajando en función de violar los derechos humanos de las y los nicaragüenses. “Los procesos contra las 222 ex reos carecen de legalidad, por tanto este oficio es una violación más al debido proceso, tanto por su origen y su ejecución”, resalta la denuncia del organismo en su cuenta de Twitter.

A su criterio, decomisar y confiscar es un zarpazo al Estado de Derecho, porque rompe los denominados secretos confidenciales de empresas, así como todo lo establecido en el Código Mercantil de la República de Nicaragua, que afecta a las 222 víctimas y a terceros asociados con ellas.

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El organismo detalla que el despojo ilegal de los bienes de las 222 personas expatriadas es un atropello grave a la propiedad privada, a los derechos reales y al tracto sucesivo de los bienes inmuebles de estas personas, independientemente que se les haya quitado su nacionalidad.

“Denunciamos que el Tribunal de Apelaciones actuó a pesar de no tener del todo competencia. En ninguna parte del proceso de las 222 personas excarceladas se menciona o faculta a ninguna institución pública para decomisar sus bienes. Ni siquiera en la Ley 1055”, advierte Urnas Abiertas.

El organismo ve con preocupación lo que considera “una nueva expresión de totalitarismo” y las graves violaciones de Derechos Humanos que persisten en Nicaragua, por lo que hace el llamado a la comunidad internacional a tomar las medidas y acciones necesarias para retornar la democracia al país.

“Expresamos nuestra preocupación ante las graves violaciones de Derechos Humanos que persisten en el país y llamamos a la comunidad internacional a tomar las medidas y acciones necesarias para retornar la democracia a Nicaragua”, indicó.

Confiscación de bienes a desterrados es una muestra de totalitarismo

En un oficio emitido por parte del Tribunal de Apelaciones de Managua firmado por Ronald René Rocha, Secretario de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, se ordenó a la Procuraduría General de la República de Nicaragua la inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua todos los bienes inmuebles que las 222 personas declaradas “traidores a la patria” tuviesen inscritos a su favor en Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en carácter personal o de persona jurídica, así como las acciones y sociedades mercantiles que los “condenados” tengan, detalla Urnas Abiertas.

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Una especialista en temas legales explicó a Urnas Abiertas que “se hace necesario partir del hecho que los procesos judiciales que incluyen a las 222 personas excarceladas, carecen de legalidad y legitimidad, lo que incluye los juicios exprés, la falta de evidencia material y sustancial, los procedimiento arbitrarios y la violación al derecho a la defensa de estos.

“Por tanto, este oficio es una violación más al debido proceso, tanto por su origen como por su ejecución”, expresa la especialista.

El organismo denunció esta nueva expresión de totalitarismo y arbitrariedad con la que actúa el régimen, esta vez contra las y los nicaragüenses que el pasado 9 de febrero fueron desterrados del país.