Ortega “oculta graves violaciones a derechos humanos” en informe de la ONU

El más reciente informe presentado por el régimen de Daniel Ortega ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), muestra la desfachatez de la dictadura sandinista al intentar maquillar una falsa realidad al mundo sobre el cumplimiento de sus obligaciones respecto al último examen del año 2019.

La investigadora y directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, denunció desde el exilio que el régimen sandinista ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que ciertamente “no refleja en absoluto la situación del país y más bien describe una realidad paralela que oculta las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido particularmente entre 2019 y 2024”.

A su criterio, Ortega brinda “información falsa e imprecisa” sobre muchos temas, sobre todo en el ámbito económico, laboral, las mujeres, pueblos indígenas, el agua, entre otros. Para el último examen de 2019, Nicaragua recibió una serie de recomendaciones en relación a los derechos políticos y sociales de la ciudadanía, y las aceptó a pesar que le llamaba a adoptar “medidas eficaces para que el próximo proceso electoral incluyera a todos los partidos y movimientos políticos y que además fuera un proceso totalmente transparente”.

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El régimen sandinista faltó a esta obligación a pesar que en su informe insiste que entre “2019 y 2024 se realizaron cuatro procesos electorales de conformidad a la ley, los que transcurrieron en orden y en paz”. Sin embargo, para Valle es inaudito concebir que fue así, pues desde Urnas Abiertas se ha documentado “la realidad” de los procesos electorales en Nicaragua.

“En Nicaragua sabemos que lo que pasó en realidad fue la anulación de los procesos de la competencia electoral, obstaculizando por completo que las y los nicaragüenses ejercieran su derecho a elegir y ser electos. Estos procesos, carentes de legitimidad e integridad electoral, se dieron además en un contexto no democrático”, expresó la investigadora exiliada.

Detenciones y cancelación de partidos

En la lista de arrebatos e incumplimientos del régimen de Nicaragua figuran las arbitrarias detenciones de aspirantes a la presidencia y la cancelación de partidos políticos. Por ejemplo, Urnas Abiertas documentó que entre el 2 de junio y el 24 de julio de 2021, “fueron detenidas siete personas precandidatas a la presidencia” y se les dictó también la “inhabilitación” a su candidatura.

Cabe señalar, que todos los precandidatos presidenciales detenidos junto a más de 200 personas presas políticas de Nicaragua, fueron posteriormente desterradas y desnacionalizada ilegalmente por la dictadura sandinista.

Por otro lado, Valle indicó que el Estado de Nicaragua se “llenó la boca” afirmando que “en todos los procesos participaron el 100% de los partidos políticos con personalidad jurídica, sin ninguna exclusión, dentro del marco jurídico de la nación” y que la ciudadanía asistió “de forma masiva y libre a ejercer su derecho al voto”.

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No obstante, Urnas Abiertas recordó que en diciembre de 2021, el Ejecutivo a través de la oficialista Asamblea Nacional aprobó la ley 1055, conocida como la “Ley de Soberanía”, que ha sido utilizada desde entonces como la principal herramienta para eliminar la competencia electoral a través de la persecución judicial.

“En las elecciones generales de 2021, las municipales de 2022 y las regionales de 2024, desde Urnas Abiertas registramos violencia política, estrategias de coacción al voto, uso ilegal de recursos públicos, cancelación de partidos políticos, una manipulación excluyente, el padrón electoral, la falta de independencia de las autoridades electorales y otra serie de eventos indicativos de fraude”, denunció Valle.

“Se ha ido por la tangente”

Por su parte, el ex aspirante presidencial y ex prisionero político desterrado a Estados Unidos, Juan Sebastián Chamorro, afirmó que la respuesta de la dictadura sandinista a su compromiso con la ONU, fue Ise “por la tangente” al evitar referirse sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua y, en cambio, hablar de cifras macroeconómicas
que pintan un país “pujante de crecimiento sostenido, obviando el tema de la inmensa mayoría de nicaragüenses”.

Para el opositor nicaragüense, el informe del régimen sandinista se dedicó a obviar “el tema de que más de 700 mil personas han abandonado el país y que han hecho que él país registre cifras récord de remesas familiares y que esto hace que la economía en algunos de sus sectores aumente en actividad”.

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“Luego habla de una serie de derechos económicos en los cuales, según la dictadura, la Nicaragua goza de grandes avances, por ejemplo, habla de que los trabajadores gozan de libertad de asociación, esto relacionado a los derechos laborales. Asegura de que el INSS ha aumentado en 11% entre el periodo del 2019 y el 2023, un 11% de trabajadores afiliados. Esto realmente es una cifra bien insignificante, o sea que ni siquiera una cifra verdadera sostiene sus propios argumentos, ya que en cuatro años un incremento del 11% de trabajadores afiliadosestá muy por debajo del crecimiento poblacional”, señaló.

Asimismo, detalló que Ortega se “llenó la boca” al afirmar que Nicaragua ocupa el sexto lugar en avance en equidad de género en posiciones gubernamentales, y que hay una disminución del 17% de la tarifa eléctrica. Además, mintió al decir que las telecomunicaciones en Nicaragua se están generando en un ambiente de seguridad, y que respetan los derechos de la propiedad”.

“Y sobre el tema en cuestión, el tema fundamental que son los derechos humanos,
pues básicamente se salen por la tangente enumerando las atribuciones de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, estos señores se llenan la boca con las atribuciones que tienen los posicionamientos. No hay ninguna relación, ninguna referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos y cómo ha sido flagrantemente violentada por la dictadura con el acoso policial, la desaparición forzada, la detención arbitraria, la ausencia del debido proceso, el encarcelamiento injusto, la eliminación de la nacionalidad y la expulsión de los opositores”, insistió.

Chamorro afirmó que es “una burla” que el régimen sandinista Escribiera un informe sobre el tema fundamental y el elemento principal del examen periódico universal, y en cambio se dedique a hablar de “temas que no tienen que ver necesariamente con los derechos humanos”.

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Por ello, remarcó que el régimen Ortega y Murillo ha violentado y ha irrespetado una vez más las instancias universales y regionales de defensa de los derechos humanos, pues nunca han tenido el valor de contestar al Comité de Prevención de la Tortura y ha prohibido la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“De nuevo se sale por la tangente la dictadura creyendo que con cifras alegres, muchas de ellas ni siquiera tan alegres, y con mentiras totalmente descaradas, tratan de mostrar una realidad que no existe en Nicaragua”, finalizó.