En acto de paranoia dictadura promulga reglamento de ética electoral del CSE en base a leyes represivas

En un acto de paranoia, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó al Consejo Supremo Electoral (CSE) publicar el 9 de septiembre en La Gaceta un “Reglamento de ética electoral” de cara a la farsa de elecciones municipales el próximo 6 de noviembre, que recogen el espíritu de las leyes represivas que han utilizado para encarcelar a los opositores.

“Por tanto, el Consejo Supremo Electoral (CSE) en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 173 de la Constitución política de la República de Nicaragua y los artículos 10, 13, 94 y 95 de la ley número 331, Ley electoral; ley 919, Ley de seguridad soberana de la República de Nicaragua; ley número 1040, Ley de regulación de agentes extranjeros; ley 1055, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia la soberanía y autodeterminación para la paz”, señala parte de la publicación de la Gaceta número 171.

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La publicación agrega: “…el CSE acuerda a probar el presente reglamento de ética electoral que regulará la campaña electoral de las elecciones municipales 2022 a celebrarse el día 6 de noviembre del año 2022”.

El artículo seis del nuevo reglamento de ética electoral señala que “comete delito electoral toda persona organización nacional o extranjera señaladas en el artículo 2 del presente reglamento, que propugne y/0 promueva a cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del estado nicaragüense y sus instituciones”.

Dictadura urgida por validar leyes represivas

Por su parte, el organismo Urnas Abiertas señala que la promulgación de este código de ética electoral, basado en las leyes represivas aprobadas en los últimos 2 años para encarcelar a la oposición en el país, “demuestra la urgencia que existe a lo interno por validar una normativa que surgió en 2021, en un momento represivo y electoral, con el fin de inhibir de optar a cargos de elección popular a todo a todo nicaragüense que la dictadura acuse de dirigir o financiar golpes de Estado”.

“Recordemos que esta ley es utilizada por el Ministerio Público con el fin de vestir de legalidad las arbitrariedades y detenciones realizadas. Sin mencionar además que se aplica de forma retroactiva. Parece ser que al mencionarla dentro del reglamento de ética electoral el régimen busca regularla de una manera u otra, lo cual es completamente inconstitucional”, agrega Urnas Abiertas.

El organismo agrega que “ya lo dice el Artículo 183 de la Constitución: “Ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”.

La paranoia al desnudo

Dicho reglamento consta en su artículo 6 de 15 incisos donde detallan otras causales para cometer delito electoral, entre las cuales figuran:

“Actos tendientes a consumar genocidio espionaje sabotaje rebelión traición a la patria en contra del estado y la nación nicaragüense de conformidad a lo establecido en la legislación penal de la República de Nicaragua”.

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“Actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales que pueden violentar los principios fundamentales establecidos en la constitución política de la República de Nicaragua”.

“Ataques a la seguridad cibernética que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional”.

“Las personas naturales o jurídicas nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como agentes extranjeros deben abstenerse so pena de sanciones legales de intervenir en cuestiones actividades o temas de política interna y externa. Tampoco pueden financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización movimiento partido político coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollan actividades políticas internas en Nicaragua”.