CIDH denuncia que en Nicaragua persiste un estado de impunidad absoluta desde 2018

En el marco de su mandato convencional y reglamentario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denuncia que en Nicaragua aún persiste el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos y el Estado de Derecho.

En su Informe Anual 2021, la CIDH documenta que en Nicaragua aún persiste un estado de impunidad absoluta luego de testificar el asesinato de 355 civiles durante las manifestaciones antigubernamentales, más de 2 mil heridos, más de 614 detenciones y cientos de despidos “injustificados”.

Además, advierte que existe un estado policial que mantiene asediados todos los espacios de manifestación cívica en el país, y calificó como un símbolo de “que hay que callarse” al cierre inmediato de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

Informe documentó la ola represiva de ortega en 2021

Desde marzo de 2021, la Comisión IDH testificó la nefasta ola represiva de la dictadura de Daniel Ortega en contra de la oposición nicaragüenses, a tan solo meses de celebrar las votaciones del siete de noviembre.

Algunos de los hechos documentados fue la cancelación de personalidad jurídica de partidos de oposición, la criminalización de líderes y lideresas, así como la detención y judicialización arbitraria de candidatos a la presidencia.

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Fue evidente que todas estas acciones estuvieron fundamentadas bajo la regularización de Leyes creadas por la oficialista Asamblea Nacional.

“Restringieron arbitrariamente derechos políticos de la población nicaragüense así como todas las reformas que se le han dado a la Ley electoral y que son absolutamente contrarias a todos los estándares del derechos internacional de los Derechos Humanos”, afirma el comunicado de la CIDH.

Violaciones en Nicaragua al derechos penal

El informe de la Comisión también concluyó que en Nicaragua se violan sistemáticamente los derechos humanos por medio de patrones de violación al debido proceso judicial y al derecho de defensa de las personas detenidas, así como la completa falta de recursos judiciales para hacer valer los derechos.

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A la vez, criticó que la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, mejor conocido como el “Nuevo Chipote”, no es el Sistema Penitenciario donde todas las personas presas políticas deben estar al ser sentenciados.

“La comisión también tomó en consideración las graves condiciones en que se encuentran las detención de estas personas, en particular de aquellas que aún permanecen en el Chipote, que no es parte del Sistema Penitenciario en el que deben estar las personas que han sido sentenciados”, agregó.

En el caso de las denuncias de familiares de presos políticos, que confirman que dentro de las mazmorras del régimen sandinistas son sometidos a tratos crueles e inhumanos de parte de las autoridades carcelarias, el informe también devela que “eso se llama tortura en el derecho internacional” y lo calificó como un “régimen de terror”.

Ortega no muestra voluntad para resolver crisis en Nicaragua

La comisión reiteró la falta de voluntad manifiesta del estado nicaragüense para superar la crisis social, política y de derechos humanos que aún afecta al país. En el informe se asegura que Ortega intenta naturalizar como “una normalidad” la grave situación del país.

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En octubre de 2021, la CIDH reveló en su informe “Concentración del Poder y del Debilitamiento del Estado de Derechos en Nicaragua”, que se sigue haciendo uso desproporciónala de las Leyes para aniquilar los espacios democráticos.

Esta actitud de la dictadura sandinista solamente demuestra la intención de Ortega de perpetrarse de forma indefinida en el poder.