OEA reúne al continente entero para abordar crisis de la dictadura en Nicaragua

La XXXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió la mañana del viernes, 2 de octubre, en la sede del organismo en Washington, D. C., para abordar la crisis democrática y de derechos humanos que vive Nicaragua bajo la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Del total de 32 países miembros de la OEA, sólo siete enviaron a sus ministros de relaciones exteriores o cancilleres: Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Estados Unidos (convocador original), Argentina, Costa Rica, Canadá y Chile enviaron funcionarios equivalentes a viceministros de relaciones exteriores.

El resto de miembros envió a sus representantes permanentes ante el organismo.

La delegación peruana, encabezada por el ministro Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, propuso a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para presidir la reunión y fue designado como tal. La delegación jamaiquina por su parte propuso al ministro dominicano Víctor Orlando Bisonó Haza como vicepresidente de la reunión y fue designado como tal.

El ministro Ramírez abrió la sesión con una defensa a la democracia, reconociendo que las naciones de América “compartimos el compromiso de defender la voluntad popular, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales” y que por tanto no pueden “estar ajenos a la situación extrema que vive la mayoría de los nicaragüenses, que se ven privados de sus más fundamentales derechos”.

Habla secretario general

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, intervino en la reunión destacando que la situación en Nicaragua amerita un trato de urgencia, dada la “deriva autoritaria” de la dictadura en los últimos años, señalando en concreto las reformas estructurales que la dictadura sandinista impuso en 2025 para elevar a Murillo al poder y cimentar el “Estado revolucionario”, y las que en 2026 pretenden sepultar formalmente las elecciones competitivas.

“La denuncia de la Carta fundacional de la OEA (en 2021) por parte de la (la dictadura en) Nicaragua cambió su relación institucional ante esta organización, pero su retiro (en 2023) no borra la geografía, la interdependencia ni los más de setenta acuerdos interamericanos que aún rigen sobre Nicaragua“, recordó Ramdin, llamando al cese de la represión y la liberación de todos los presos políticos.

Relatora de la CIDH: “los nicaragüenses viven una dictadura”

Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instrumento de la OEA, volvió a reiterar la proclama de Ortega el 19 de julio de que en el país “no volverá a haber elecciones”, el motivo por el que Estados Unidos llamó a convocar esta reunión de consulta.

Destacó igualmente la naturaleza autoritaria de la reforma constitucional aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre, extendiendo el periodo presidencial y de otras autoridades, y excluyendo a sectores de la oposición con prohibiciones de rango constitucional.

“Los nicaragüenses viven una dictadura“, declaró, recordando los hallazgos de distintos organismos como la propia CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, sobre la represión contra el estallido social de 2018: más de 350 muertos, miles de detenidos, cientos de miles de desplazados y una impunidad que todavía persiste.

“La situación en Nicaragua es una amenaza a la seguridad regional; es un Estado policial y su clima de miedo se extiende a otros países mediante una estructura de represión transnacional“, insistió, señalando atentados contra opositores nicaragüenses como el opositor Reinaldo Picado en Costa Rica, para cuya protección la CIDH extendió medidas cautelares.

“Que la historia registre que cuando la amenaza cruzó la frontera, las Américas actuaron unidas y que en Nicaragua volvió a haber elecciones libres“, concluyó, tras un llamado a la acción a las delegaciones.

Proyecto de resolución

Subsecuentemente, fue aprobado sin objeciones el proyecto de resolución presentado por Colombia, Perú y Estados Unidos, el cual exige a la dictadura sandinista de Nicaragua una serie de medidas inmediatas y verificables para restaurar la institucionalidad democrática.

El documento, presentado el 25 de septiembre, exige la liberación incondicional de los presos políticos, la divulgación del paradero de las personas desaparecidas y el restablecimiento de la ciudadanía y del derecho a regresar al país de al menos 452 nicaragüenses desnacionalizados y expulsados por la dictadura.

La propuesta también demandaría restablecer las libertades fundamentales de los nicaragüenses, así como permitir el regreso de medios de comunicación, organizaciones civiles, universidades y otras instituciones disueltas o expulsadas, junto con la restitución de sus bienes y personería jurídica.

La dictadura habrá de revocar los cambios estructurales de 2025-2026, que el proyecto considera como contribuyentes al desmantelamiento de “la democracia representativa, la independencia de las instituciones del Estado, la separación de poderes y el pluralismo político”.

Paralelamente, la dictadura habría de expulsar del país la influencia de poderes extrahemisféricos que supongan impedimentos a la paz y seguridad en el continente. En particular, implicaría el retiro de infraestructura, personal y equipamiento militar y de seguridad perteneciente a China y Rusia, y la suspensión de acuerdos de dicha naturaleza.

Estados Unidos: “Continuaremos presionando hasta ver un cambio”

Christopher Landau, secretario de Estado adjunto (equivalente a viceministro de relaciones exteriores) de los Estados Unidos, urgió a la OEA a tomar acción urgente, citando al secretario de Estado Marco Rubio en su rechazo a las reformas de la dictadura para “privar a los nicaragüenses de sus libertades”.

“Por demasiado tiempo estos codictadores han perseguido, encarcelado y desterrado a miles de nicaragüenses“, denunció, lamentando la muerte bajo custodia de Brooklyn Rivera, el encarcelamiento de sus familiares y allegados, la persecución contra la Iglesia católica y el cierre del espacio cívico.

Los codictadores, dijo Landau, “han convertido a Nicaragua en un Estado policial para apulantar a su dinastía familiar” y aumentar la autoridad a Rosario Murillo “sin una elección, porque ella no es capaz de ganar ninguna elección”. Señaló, también, la intrusión de poderes extrahemisféricos a través de Nicaragua, que sirve de “plataforma” para la expansión de su influencia en el resto de países, lo que a su ver supone una amenaza de escala continental.

Christopher Landau tras brindar declaraciones ante el pleno de la XXXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. 2 de octubre, 2026. Foto: Nicaragua Actual

Por tanto, Landau propuso enviar un grupo ministerial de alto nivel para enviar las demandas colectivas directamente hacia Managua, “considerando cuidadosamente quién tomará parte de este grupo”, presentando luego un informe ante la OEA. Esta propuesta había sido delineada en el proyecto de resolución.

“Continuaremos presionando hasta que veamos un cambio“, declaró, informando que la dictadura había rechazado a su propuesta de embajadora, Natasha Franceschi, el jueves, 1 de octubre, un día después de que el Senado estadounidense la confirmó como candidata. El rechazo de parte de la dictadura no había sido comunicado hasta este momento.

Guatemala: “Esto no comenzó ayer”

El ministro guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, por su parte, lamentó que la situación en Nicaragua no hubiera recibido la atención debida en los últimos veinte años. “Esto no comenzó ayer“, dijo Martínez, comprometiendo al Estado guatemalteco a tomar parte de las acciones colectivas y destacando sus anteriores abordajes. Guatemala había recibido a presos políticos nicaragüenses en 2024, producto de una supuesta negociación con la dictadura.

“Es una dictadura enquistada resultado de un prolongado proceso de destrucción de las instituciones democráticas, concentración de poder y abolición abyecta de los procesos electorales; una serie de violaciones que han cancelado una tras otra las libertades fundamentales; las víctimas merecen que las recordemos“, declaró el ministro Espá de Perú.

Espá recordó en concreto a ciudadanos asesinados durante la represión, como el periodista Ángel Gahona y el menor Álvaro Conrado; así como los muertos bajo custodia del Estado, como el preso político Eddy Montes, y los ex-sandinistas Hugo Torres y Humberto Ortega. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha documentado al menos ocho de estas muertes.

Expuso además los hallazgos de organismos de derechos humanos sobre la tortura empleada por la dictadura como mecanismo de terror, incluyendo violencia sexual, golpizas, quemaduras, arranque de uñas y otros abusos. “No pretendemos elegir por Nicaragua; queremos que los nicaragüenses puedan elegir… no es mucho pedir“, concluyó.

Por su parte, el ministro Bisonó de República Dominicana intervino que el motivo de la reunión no era “emitir un pronunciamiento o una declaración para la prensa”, ya que “la situación se ha vuelto insostenible” y “requiere de acciones concretas”.

Bisonó dispuso al gobierno dominicano a respaldar toda medida decidida en la reunión y anunció el retiro de la embajada de República Dominicana en Nicaragua hasta que no se perciba un cambio de curso.

Argentina: “La democracia no se defiende sólo con palabras”

Juan Manuel Navarro, subsecretario de exteriores de Argentina, ofreció el respaldo de su país a un proceso de diálogo que respete la voluntad popular de los nicaragüenses, “pero se necesitan dos para eso” e insistió en que “el diálogo no puede convertirse en una excusa para la inacción; la democracia no se defiende sólo con palabras“.

Benoni Belli, representante permanente de Brasil ante la OEA, tildó de “despropósito” la descripción de la situación en Nicaragua como una amenaza para la región.

De igual forma, denunció la postura “colonialista” de algunos gobiernos en un supuesto afán de definir la influencia de potencias extrahemisféricas como inherentemente hostil, pidiendo hacer constar el rechazo a la resolución a nombre del gobierno del izquierdista Lula da Silva, quien por su parte sí ha condenado la deriva autoritaria de Ortega a título personal.

Brasil ya había definido su oposición a escalar la acción colectiva sobre Nicaragua en el trayecto hasta la reunión de ministros, a cuya convocatoria se había opuesto. En la sesión de urgencia sostenida el 19 de agosto, Brasil fue el único país que votó en contra de convocar a la reunión de cancilleres, abogando en su lugar por un proceso de diálogo.

El representante permanente de Uruguay ante la OEA, Edison Antonio Lanza Robatto, también negó que la dictadura en Nicaragua supusiera una amenaza regional.

Chile: “No podemos ser indiferentes a la represión”

El viceministro chileno, Patricio Torres, acusó a la dictadura de intentar establecer “una autocracia hereditaria“. Celebró el esfuerzo de la reunión en coordinar medidas contra la dictadura y respaldó la organización de elecciones libres y transparentes en Nicaragua, denunciando las reformas estructurales del sandinismo.

“No podemos ser indiferentes a la represión y a la violación de los derechos humanos en Nicaragua“, dijo Torres, quien además exhortó al régimen a optar por la vía del diálogo en aras de preservar la paz.

La viceministra de exteriores, Adriana Bolaños, durante la XXXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. 2 de octubre, 2026. Foto: OEA

La viceministra Adriana Bolaños Arguet de Costa Rica definió que “el hemisferio no puede limitarse a expresar preocupaciones”. Cuestionó la proclama anti-electoral de Ortega y las reformas que esta sustentó. “Estamos ante un proceso sistemático de eliminación del pluralismo político“, definió.

“Para Costa Rica, no es un asunto lejano; somos vecinos. Hemos acogido a decenas de miles de nicaragüenses que han buscado protección y oportunidades en nuestro territorio“, continuó. Bolaños revivió el asunto de la minería ilegal en las zonas fronterizas con Nicaragua, una actividad que la inteligencia costarricense ha vinculado a empresas chinas que operan desde Nicaragua.

El representante permanente de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado, instó a mantener abierta una vía diplomática con Managua, como fue definido en la resolución, y enfatizó la necesidad de construir una capacidad de seguimiento, y dispuso al gobierno de Abelardo de La Espriella a contribuir al proceso.

“No pretendemos sustituir a los actores nicaragüenses, ni intervenir en asuntos externos, pero sí tenemos el compromiso de hacer valer y defender los compromisos” ante el Sistema Interamericano, dijo Ordóñez.

México rechaza resolución

El representante permanente de México ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez, reiteró la postura de no intervención que adoptó al principio del proceso para convenir a la reunión. “México no considera que la situación interna de Nicaragua constituya una amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica“, reiteró Encinas.

El diplomático alegó que esta caracterización podría dar pie a medidas intervencionistas, por tanto “rechaza categóricamente cualquier intento de injerencia en los asuntos de otros Estados” por considerar que las acciones impuestas desde el exterior “rara vez llevan a una paz duradera.

El representante de México pidió hacer constar su rechazo a la resolución, abogando en su lugar por esfuerzos pacíficos “que faciliten el diálogo inclusivo”.

La representante permanente de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, delegó un mensaje del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, respaldando la restitución del ordenamiento democrático en Nicaragua. “Panamá no quiere fabricar alternancia, quiere que exista la posibilidad de una alternancia“, declaró.

Delgado asumió una postura anti-intervencionista, recordando la invasión estadounidense de Panamá en 1989. La embajadora rechazó categóricamente una operación militar y la imposición de un gobierno en Nicaragua, prefiriendo que la acción diplomática se enfoque en empoderar a los propios nicaragüenses para que ellos tomen esa decisión.

Ecuador: “se me apareció un ángel”

La representante permanente de Honduras ante la OEA, Alejandra López-Osorio, consideró necesario “contemplar acciones concretas orientadas a propiciar una mayor cobertura del espacio político” para favorecer “una salida siempre pacífica, siempre democrática” en Nicaragua.

López-Osorio urgió a que cualquier medida adoptada no debería afectar a quienes no poseen responsabilidad por la crisis política en Nicaragua, es decir, la población civil. “Para Honduras, el objetivo debe ser contribuir a que Nicaragua pueda avanzar a un sistema democrático plural, inclusivo y funcional“, agregó.

La representante permanente de Ecuador ante la OEA, Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, utilizó un curioso recurso narrativo, asegurando que “un ángel” se le había “aparecido” previo a la reunión para cuestionarla sobre la situación de Nicaragua y las acciones que internacionalmente se han asumido para abordar la crisis.

De tal forma, el ángel le habría urgido a hacer lo posible para apoyar a la restauración de la normalidad democrática en Nicaragua. “Nicaragua pertenece a la historia de la OEA; firmó la Carta de Bogotá en 1948 y ocupó durante décadas esta sala como Estado miembro“, recordó. “El hecho de que no haya aquí una silla no significa que el pueblo nicaragüense esté desamparado“, agregó.

El recurso narrativo de Palencia hacía eco de la poeta nicaragüense Ana Ilce Gómez, según explicó. “¿Cómo le vamos a contestar al ángel? Sabemos que debemos respetar la no intervención y que la soberanía depende del pueblo. ¿Nos vamos a quedar sólo en resoluciones? La respuesta la tenemos en la Carta de la OEA, los mecanismos disponibles. El Sistema Interamericano sólo se vuelve respetable si lo hacemos respetar“, concluyó.

La reunión cerró entre los aplausos de la mayoría de delegados y asistentes.