Opositores detallan plan para una transición tras la caída de Ortega
El plan contempla una junta de gobierno, una constituyente y elecciones en un plazo menor a dos años.
De izq. a der.: Julio César Avilés, jefe del Ejército sandinista; Daniel Ortega y Rosario Murillo, coodictadores; (de unifome policial azul) Francisco Díaz, cojefe de la Policía Nacional; y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
- Medios Oficialistas
La oposición nicaragüense presentó una propuesta de transición de 24 meses para desmontar las estructuras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, restablecer las instituciones democráticas y conducir al país hacia nuevas elecciones, un trabajo resultante de dos meses y medio de negociaciones entre distintos sectores opositores.
La nueva estructura transicional ha sido presentada a organizaciones políticas, gobiernos y actores de la comunidad internacional. Los componentes base son una junta de transición nacional, una asamblea constituyente, una profunda reforma institucional y elecciones generales.
Sus promotores plantean que el proceso sea pacífico, ordenado y sin violencia, pero con el objetivo explícito de desmontar el aparato autoritario y restablecer el Estado de Derecho. Crucialmente, el plan no contempla en ningún momento mecanismos para el derrocamiento del régimen, sino que lo toma por hecho.
La junta
El primer paso sería la creación de una junta o equipo técnico de transición nacional, integrada por un máximo de siete personas provenientes de la oposición dentro de Nicaragua, el exilio y la sociedad civil.
El diseño también permite la participación de nicaragüenses que hayan tenido vínculos o ejercido funciones dentro del régimen, siempre que no estén señalados de violaciones a los derechos humanos.
La Junta tendría facultades ejecutivas y legislativas limitadas y temporales y asumiría provisionalmente las funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. El plan contempla derogar la constitución vigente y establecer mientras tanto un Estatuto de Derechos y Garantías de los Nicaragüenses.
Este punto emula de forma cercana el modelo seguido tras la caída del régimen somocista en 1979, pero se plantea objetivos más amplios que los de la Junta de Reconstrucción que el sandinismo cooptó entre 1979 y 1980; entre sus primeras tareas estarían la liberación de los presos políticos, la restitución de derechos civiles, políticos y patrimoniales, el restablecimiento de las libertades públicas y el retorno seguro de los nicaragüenses exiliados y desterrados.
También tendría que reorganizar instituciones como el Consejo Supremo Electoral y el Poder Judicial, desmontar estructuras represivas y realizar una depuración y reestructuración de los altos mandos de la Policía y el Ejército, bajo el principio de subordinación de las fuerzas de seguridad al poder civil.
El proyecto contempla además un paquete de 24 leyes para modificar o derogar normas aprobadas durante el régimen sandinista. Entre las áreas incluidas están el sistema electoral, el Poder Judicial, los derechos políticos y de propiedad, la protección de víctimas y el desmantelamiento de estructuras de inteligencia.
La propuesta incluye asimismo preservar archivos relacionados con la represión, crear garantías para el retorno de los exiliados y revisar concesiones territoriales que los promotores consideran irregulares, incluidas aquellas otorgadas a socios chinos del régimen.
La constituyente
El segundo gran componente sería la elección popular de una asamblea nacional constituyente de 60 miembros en un plazo de 180 días después del inicio de la transición. La constituyente tendría un máximo de nueve meses para redactar una nueva constitución basada en la democracia, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la independencia institucional y el respeto a los derechos humanos.
El proyecto contempla que el nuevo texto constitucional sea sometido posteriormente a referéndum nacional, antes de entrar en vigor. El proceso entonces concluiría con elecciones generales libres, competitivas, transparentes y con observación internacional.
De acuerdo con la hoja de ruta explicada por sus promotores, los comicios se celebrarían alrededor del mes 22, y la transferencia del poder a las nuevas autoridades tendría lugar en el mes 24, sin posibilidad de extender el período de transición.
La propuesta también plantea rehabilitar las personerías jurídicas de partidos cancelados, permitir la creación de nuevas organizaciones políticas, actualizar y depurar el padrón electoral y garantizar condiciones de competencia para los distintos sectores.
El plan representa así un intento de la oposición de definir el “día después” del régimen, en momentos en que Ortega ha anunciado que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” y el oficialismo impulsa una reforma constitucional que pretende establecer períodos de siete años y excluir de futuras candidaturas a personas calificadas por el régimen como “traidores a la patria”.
El plan es respaldado por 15 organizaciones opositoras, incluyendo a Ciudadanos por la Libertad, Ruta del Cambio, Liberales por Nicaragua, el Movimiento Campesino y Avanza, entre otras.
