¿Quiénes son los funcionarios de Nicaragua que requiere la justicia argentina?
Los implicados son acusados de cometer asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, persecución, entre otros delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Dictadores de Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo con orden de captura en Argentina.
- Nicaragua Actual
Hace dos años la justicia de Argentina abrió un proceso de investigación contra los dictadores sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo y todo su engranaje político, para determinar su responsables en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante y después de las protestas antigubernamentales de 2018.
La investigación inició tras la denuncia de los abogados Darío Richarte y Diego Pirota; y después en enero de 2023, por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER), quienes consideraron que la justicia federal argentina está facultada para escrutar las violaciones a los derechos humanos ocurridos en otros países, ya que la Constitución Nacional lo reconoce como el principio de jurisdicción universal.
La solicitud se fundamentó en la gravedad de las imputaciones contra los dictadores sandinistas que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados a nivel internacional como crímenes de lesa humanidad.
En una entrevista con el medio Infobae el 27 de agosto del 2024, Darío Richarte aseguró que habiendo sido analizada la investigación, “creemos que existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados”.
Por tanto, también solicitaron la orden de captura internacional contra ellos Daniel Ortega, Rosario Murillo y los demás imputados en la investigación.
¿Quiénes son los implicados?
Entre los acusados están los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El asesor presidencial Néstor Moncada Lau. A parte que su nombre se encuentra en la lista de sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos, este es acusado de aceptar sobornos a cambio de controlar a las autoridades tributarias y aduanera de Nicaragua, ademas de haber realizado pagos para neutralizar las manifestaciones en 2018.
El jefe de la Policía, Francisco Díaz y consuegro de Ortega y Murillo, es señalado de dirigir el aparato represivo, entre ellos paralimitares sandinistas para asesinar a jóvenes manifestantes en las universidades y durante la llamada “Operación Limpieza”. También está sancionado por Estados Unidos a través de la Ley Magnitsky.
Jefe del Ejército, Julio César Avilés, imputado por haber armado a a grupos palamilitares que participaron en la represión, por tanto, fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2020.
Ministro de Transporte, Óscar Mojica, acusado de diseñar las rutas para el plan denominado “exilio, cárcel o muerte” como una estrategia represiva.
Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, se le atribuye la aprobación de leyes represivas contra opositores, para criminalizar todo tipo de protesas.
Presidente del Instituto Nicaragüenses de Seguridad Social (INSS), Roberto López, la justicia argentina lo señala de colaborar con Porras en la planificación y elaboración de acciones represivas relacionadas en el contexto de las protestas de abril 2018.
Asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, Óscar Valladares, laboró bajo actos de contrainteligencia y llegar a los puntos de acceso donde se encontraban los tranques creados por jóvenes para defenderse, para ser desarticulados.
Presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, financió actividades criminales y violatorias de derechos humanos a los dictadores Ortega y Murillo.
Exministra de Salud, Sonia Castro, se le acusa de ser la autora oficial de haber decretado a los hospitales públicos del país, de no atender a ningún joven herido de bala que pudo haber participado en las protestas antigubernamentales.
Subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán, sancionado por Estados Unidos en 2019 por liderar la “Operación Limpieza” en Masaya donde resultados decenas de fallecidos y heridos.
Secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, señalado de dirigir a grupos de la Juventud Sandinista, CPC, dirigentes políticos y empleados de las alcaldías para reprimir e identificar opositores.
Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Ramona Rodríguez, encargada de expulsar y entregar estudiantes que presuntamente participaron en las protestas universitarias, despidos injustificados y ordenar la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA).
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea de crear leyes que criminalizaran todo tipo de expresión y las calificara como “traición a la patria”. Su lealtad a los Ortega Murillo no la eximió de ser echada por la puerta de atrás de ese poder del Estado.
Exdirectora de la Policía, Aminta Granera, acusada de cometer crímenes de lesa humanidad y represión policial durante las primeras protestas contra el régimen sandinista.
Lumberto Campbell, Magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) señalado de participar en la eliminación y cancelación de la personalidad jurídica de diversos particos políticos.
Orden de captura
Esta orden de captura internacional fue oficializada el 30 de diciembre del 2024 por la justicia argentina en el marco de una causa abierta bajo el principio de jurisdicción universal en 2022.
El decreto fue emitido por el juez Ariel Lijo, quien solicitó a Interpol que pida la captura de la pareja dictatorial a través del sistema de alertas rojas y los citó a declarar.
“Caso contra la dictadura de Nicaragua en Argentina: luego de casi 2 años y medio de investigación el Juez acaba de resolver la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de alrededor de una docena de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, escribió Richarte en sus redes sociales.
La denuncia de Richarte fue la culminación de una investigación iniciada junto a sus alumnos de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de Derecho penal internacional y derechos humanos.
La oposición nicaragüenses, celebró la orden de captura contra Ortega Murillo y demás implicados, y avalaron que esta detención debería ayudar a la comunidad internacional a buscar sanciones contra el régimen de Nicaragua por los crímenes de lesa humanidad.
La Justicia argentina ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a otros casos como el de los crímenes cometidos en España durante el régimen franquista, los perpetrados contra la minoría rohingya en Birmania o por las fuerzas de seguridad a las órdenes de Nicolás Maduro en Venezuela, según el diario El País de Argentina.