Nicaragua: legalizan destierro y cárcel a nicaragüenses que salgan irregular del país

Sin ningún contratiempo, este jueves los diputados de la oficialista Asamblea Nacional aprobaron de forma unánime la iniciativa de reforma a la Ley No. 761, Ley General de Migración y Extranjería, que legaliza la prohibición de ingreso y salida del país, destierro, encarcelamiento y apatridia contra nicaragüenses o extranjeros que el régimen orteguista considere como un “riesgo social”.

Los diputados sandinistas, bajo el control de Ortega y Murillo, insistieron que esta reforma a la Ley de Migración busca “adecuar nuestro Marco Jurídico a la dinámica migratoria actual y continuar ubicando a Nicaragua como uno de los países más seguros de la Región y un referente de seguridad en América Latina”, pese a que organismos internacionales ubican a Nicaragua como uno de los países más inseguros de la región.

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“La reforma también fortalece los mecanismos para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, explotación laboral, el terrorismo y los delitos conexos que menoscaben la integridad, independencia, soberanía, autodeterminación, paz y orden Constitucional”, reza una nota de prensa publicada en el sitio oficial de la Asamblea Nacional.

Mayor control fronterizo y amenazas de cárcel

En términos generales, la iniciativa de reforma busca “otorgar, denegar y cancelar el ingreso, permanencia, residencia y nacionalidad nicaragüense adquirida” a quienes puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social para el país.

Es decir que cualquier nicaragüense podría perder su nacionalidad en casos de condenas por “actos de traición, cuando de manera directa o indirecta participen, promuevan, dirijan, incite, atenten, financiero, gestione acciones internas o externas que menoscaben la preservación de la soberanía, independencia, orden interno, integridad territorial y autodeterminación nacional”.

Pero no es todo, la aprobación integra una adición a la Ley 641 o Código Penal para encarcelar hasta por seis años a quienes intenten evadir los puestos fronterizos, ya sea de entrada o salida del territorio nicaragüense de forma irregular, al acusarlos de “conspirar o inducir actos terroristas o de desestabilización económica y social de país”.

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Con respecto a este punto, la diputada sandinista Patricia Sánchez, vicepresidenta de este órgano parlamentario, dijo que “la reforma es importante para asegurar y organizar el ingreso y salida de nacionales y ciudadanos y ciudadanas de otras nacionalidades de manera ágil, segura, regulada, ordenada previo cumplimiento a los requisitos de ley para contribuir a la seguridad de la población”.

No obstante, para opositores es una medida que no solo limita la salida y entrada de nicaragüenses por puntos ciegos, sino que también cierra las vías de exilio para perseguidos políticos, convirtiéndose en una violación a la libertad de movilización. Y como si fuera poco, también pretende legalizar el destierro injustificado de connacionales y extranjeros, como ha ocurrido con sacerdotes católicos y diplomáticos.

El artículo 13 establece que la Dirección de Migración pueda expulsar del país y revocar la permanencia en el territorio a aquellas personas que pretendan supuestamente “desestabilizar el país, atenten en contra de la moral y buenas costumbres, o cuando publique o difunda información falsa o maliciosa”, o hayan sido condenados por delitos de “terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado”.