Nicaragua convertirá en Ley el destierro y apatridia de nicaragüenses

El dictador Daniel Ortega envió oficialmente este martes hasta la Asamblea Nacional, una iniciativa de reforma a la Ley No. 761, Ley General de Migración y Extranjería, mediante la cual pretende legalizar la prohibición de ingreso al país, destierro, encarcelamiento y apatridia contra cualquier nicaragüense o extranjero que el régimen orteguista considere como un “riesgo social”.

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De acuerdo a los argumento del dictador sandinista, la presente iniciativa de reforma busca “otorgar, denegar y cancelar el ingreso, permanencia, residencia y nacionalidad nicaragüense adquirida”, según el artículo 10, a quienes puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social para el país.

Incluso, el artículo 64 establece que cualquier nicaragüense podría perder su nacionalidad adquirida en casos condenas por “actos de traición, cuando de manera directa o indirecta participen, promuevan, dirijan, incite, atenten, financiero, gestione acciones internas o externas que menoscaben la preservación de la soberanía, independencia, orden interno, integridad territorial y autodeterminación nacional”.

Adición al Código Penal

La reforma también integra una adición a la Ley 641 o Código Penal para encarcelar hasta por seis años a quienes intenten evadir los puestos fronterizos, ya sea de entrada o salida del territorio nicaragüense de forma irregular, al acusarlos de “conspirar o inducir actos terroristas o de desestabilización económica y social de país”.

“Cuando la evasión de control fronterizo sea con fines de cometer delito de traición, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, la pena por imponer se aumentará en un tercio en los límites mínimos y máximos”, reza la adición al Código Penal.

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La medida limita la salida y entrada de nicaragüenses por puntos ciegos y cierra las vías de exilio para perseguidos políticos, lo cual es una violación a la libertad de movilización. Y como si fuera poco, la reforza también pretende legalizar el destierro injustificado de connacionales y extranjeros, como ha ocurrido con sacerdotes católicos y diplomáticos.

Es decir, el artículo 13 establece que la Dirección de Migración pueda expulsar del país y revocar la permanencia en el territorio a aquellas personas que pretendan supuestamente “desestabilizar el país, atenten en contra de la moral y buenas costumbres, o cuando publique o difunda información falsa o maliciosa”, o hayan sido condenados por delitos de “terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado”.

Seguirán con su política de cerrar entrada al país a quienes ellos quieran

De acuerdo al documento presentado este martes a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Ortega extiende el poder a Migración para denegar la entrada al país “de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social”, incluyendo a nicaragüenses y extranjeros.

A través de esta reforma se orienta a Migración “notificar a las empresas de transporte internacional terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y lacustres la prohibición de trasladar al territorio nacional a personas que su ingreso no esté autorizado o tenga restricción migratorias bajo apercibimiento de asumir los costos de retorno al lugar de origen o de procedencia”, como ha ocurrido en los últimos años.

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Según el político y ex diputado Alfredo Gutiérrez, con esta reforma Ortega oficializa “la condición de apátrida o pérdida de nacionalidad” de nicaragüenses, pero es aún más preocupante que la dictadura decida a través de Migración y Extranjería “quien, nacional o extranjero, puede o no salir del país”.

“Eso último convertiría a Nicaragua en lo que sucedía en los 80’s, que había que pedir visa para salir y discrecionalmente la daban o no. Hoy se asemeja al modelo Norcoreano, que prohíbe la salida de Corea del Norte de sus ciudadanos”, denunció.