Dictadura de Nicaragua ejecuta cacería de propiedades a opositores Noel Vidaurre y Juan Sebastián Chamorro

El político desterrado Noel Vidaurre, se convirtió en una víctima más del régimen sandinista al serle confiscada una propiedad en el municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas.

Aunque no se conocen más detalles sobre la confiscación, Vidaurre confirmó al medio Despacho 505 que se trata de una “propiedad muy grande”, pero que hasta el momento no tiene el detalle de la inversión en casa robada por los dictadores sandinistas.

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Según narro, funcionarios de la Procuraduría llegaron con la Policía para tomarse la propiedad sin presentar un comunicado previo a la confiscación, únicamente sacaron al celador que cuidaba en inmueble.

“Es un abuso de autoridad quitarnos propiedades que son bien habidas, sin que hayamos cometido ninguna estafa ningún fraude y mucho menos sean piñateadas”, dijo Vidaurre al medio.

También apuntó que de momento se siente de brazos cruzados sin poder hacer nada ni demandar al régimen por la toma de la propiedad, porque todas estas gestiones las tendría que hacer en Nicaragua, pero le es “imposible” por haber sido desnacionalizado y desterrado del país en febrero del año pasado.

Casería de propiedades 

Vidaurre no es el único opositor que ha sido víctima de las confiscaciones, pues en días anteriores también se conoció sobre el robo de propiedades del excarcelado político Juan Sebastián Chamorro y la feminista Mónica Baltodano.

La propiedad robada a Chamorro es una isleta ubicada en el lago Cocibolca y pertenecía a su familia desde 1975, y que luego el fallecimiento de Xavier Chamorro Cardenal el 4 de enero de 2008, pasó a manos del opositor.

También el pasado 21 de mayo se tomaron una propiedad de Mónica Baltodano en la Laguna de Apoyo, en Masaya.

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Estos y otros más opositores han sido de confiscaciones por oponerse al régimen de Ortega, mismo que el pasado 18 de mayo que por primera vez acepto la “piñata” ejecutada , justificando que son para los pobres.

Según Ortega, las incautaciones han sido producto del supuesto lavado de dinero que ejecutaban los acusados políticos “donde se estafaba para quedarse con propiedades de gente que, de buena intención que quería vender propiedad, todas estas propiedades son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense, ya el Estado las declaró propiedad del estado para beneficio de los pobres, para invertirla en todos los programas sociales”, dijo Ortega.