Dictadura desaloja y confisca vivienda de la madre de exmagistrado Rafael Solís

Los dictadores sandinistas no respetan ni a los adultos mayores, pues este miércoles se conoció que los Ortega Murillo enviaron a oficiales de la sancionada Policía a la vivienda de la madre del Rafael Solís, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la señora Rafaela Cerda de 93 años, para ser allanada y confiscada.

Medios nacionales reportaron que un fuerte contingente policial llegó hasta el residencial de Villa Fontana, en Managua, donde está ubicada la vivienda de la señora y la obligaron a salir de su propiedad, sin permitirle sacar sus pertenencias y medicinas.

Según los reportes, la policía le informó a Cerda que la casa pasa a nombre del Estado de Nicaragua, al igual que las propiedades de Ana Isabel Solís y Aldo Rappaccioli Solís, hermana y sobrino de Rafael Solís.

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A inicios de febrero, se conoció que el régimen orteguista confiscaron de manera ilegal y arbitraria  el hotel Casablanca, ubicado en la avenida principal de San Juan del Sur, Rivas, propiedad de la señora Rafaela Cerda.

De acuerdo con la información, al momento de la confiscación la Policía obligó a los dueños, trabajadores y huéspedes a abandonar el hotel sin presentar una orden de desalojo o justificación de la toma.

Cabe mencionar que el hotel le fue otorgado a Solís en los años 80 por ser guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezado por Ortega, y ocurrió lo que se conoce como «La Piñata» del sandinismo que expropió de todos sus bienes privados y negocios a familiares y empresarios allegados a la dinastía de Somoza.

El régimen de Daniel Ortega ha emprendido una venganza cuatro años después contra el exmagistrado judicial que abandonó su cargo en enero del 2019 y se exilió en Costa Rica por no estar de acuerdo con la represión estatal que desató con furia en las protestas cívicas iniciadas en abril de 2018.

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El ex magistrado salió de Nicaragua hacia Costa Rica desde donde emitió una carta de renuncia a su cargo en la Corte Suprema y acusó a Ortega de instalar una «dictadura” en el país y de establecer un “Estado de terror”. Solís confirmó que Ortega permitió, entre otras cosas, que la policía utilizara armamento de guerra contra los manifestantes.

Debido a sus críticas y denuncias desde el exilio, Solís se convirtió en uno de los 94 desnacionalizados nicaragüenses el 15 de febrero de 2023.