Suiza aplica nuevas sanciones a 8 funcionarios de Ortega, incluyendo a Rosario Murillo y Juan Carlos Ortega

Este viernes Suiza amplió sus sanciones contra la dictadura Ortega-Murillo debido al “continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho” en Nicaragua. Este país agregó ocho personas a su lista, incluido la primera dama y vicepresidente Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega Murillo informó la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO).

Las nuevas medidas adoptadas por la Confederación contra los funcionarios del régimen Ortega-Murillo consisten en la congelación de activos y la prohibición de entrada o tránsito a Suiza para un total de 14 personas afectadas.

“La razón de esa decisión es que Suiza comparte las preocupaciones de la UE sobre las continuas violaciones de la democracia de derechos humanos y el Estado de derecho en Nicaragua”, dijo una portavoz de SECO a SWI swissinfo.ch por correo electrónico.

Suiza se une a la Unión Europea, quienes en julio ampliaron sus sanciones contra 8 funcionarios, responsables de graves violaciones de derechos humanos o cuyas acciones socavaron la democracia o el estado de derecho en Nicaragua.

Las sanciones, financieras y de viaje, entran en vigor a las 18:00 horas de Suiza, este viernes, precisó la SECO.

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La esposa y el hijo del presidente sancionados

Rosario María Murillo Zambrana, esposa del presidente Daniel Ortega, fue fundamental para alentar y justificar la represión de la oposición por parte de la Policía Nacional en 2018, dijo la Secretaría de Estado de Economía (SECO). También amenazó públicamente a la oposición y desacreditó a los periodistas independientes el mes pasado.

En cuanto al hijo de los dictadores, Juan Carlos Ortega Murillo, dirige Canal 8, uno de los principales canales de televisión del país y es el líder del movimiento sandinista del 4 de mayo. A través de su cargo, ayudó a restringir la libertad de expresión y la de prensa, según SECO. Las otras personas atacadas son altas en la organización política, legal o policial de Nicaragua.

“Las medidas adoptadas están dirigidas a personas específicamente designadas y no contra el pueblo de Nicaragua en su conjunto. Por lo tanto, no tienen impacto en la población civil de Nicaragua”, enfatizó la vocera de SECO.

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