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  • 5:26 pm
  • May 24, 2023

Congresistas de EE.UU: migrantes tendrán que pagar para acceder a un estatus legal

Un grupo de congresistas bipartidistas de Estados Unidos presentaron este martes una propuesta de reforma migratoria, que busca principalmente reducir la migración irregular, pero también, un estatus legal para los más de 12 millones de indocumentados que permanecen en el país norteamericano. El proyecto llamado “Ley Dignidad”, fue presentado en el Capitolio por la congresista […]
Congresistas proponen estatus legal para migrantes Foto Cortesía
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Un grupo de congresistas bipartidistas de Estados Unidos presentaron este martes una propuesta de reforma migratoria, que busca principalmente reducir la migración irregular, pero también, un estatus legal para los más de 12 millones de indocumentados que permanecen en el país norteamericano.

El proyecto llamado “Ley Dignidad”, fue presentado en el Capitolio por la congresista republicana María Elvira Salazar, la demócrata, Verónica Escobar, y otros legisladores bipartidistas, quienes aseguraron que unirán esfuerzos para que la moción sea aprobada en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos.

El planteamiento sugiere que todo inmigrante que haya sido puesto bajo libertad condicional, opte por algunas vías para obtener un estatus legal y en un tiempo determinado, adquirir la ciudadanía estadounidense, pero bajo costos.

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Es decir, el proyecto de ley plantea que las personas indocumentadas deberán pagar alrededor de 700 dólares al año para acceder a un estatus legal, que les permitirá permanecer en los Estados Unidos durante 7 años, para un total de 5 mil dólares en el tiempo que pueda beneficiarse.

La autora de la propuesta, María Elvira Salazar, manifestó que la medida busca “sacar de las sombras” a los irregulares que por no tener un estatus legal, evaden impuestos que por ley deben de ser pagados.

Según los congresistas, la intención de la normativa es obligar a los indocumentados financiar sus propios seguros médicos, educación privada, servicios públicos, entre otros, mientras sufragan los gastos para mantener un estatus legal, planteados en la “Ley Dignidad”.

“Aquí nadie puede vivir de gratis…no quiero que nadie confunda amnistía con dignidad. La Amnistía es lo que tienen actualmente los indocumentados; con la Ley Dignidad, cada quien paga por lo que debe”, dijo Salazar.

Los funcionarios destacaron que para poder acceder a este beneficio, las personas primeramente deberán pasar por un proceso de verificación de antecedentes criminales y pagar impuestos.

En segundo lugar, la ley propone un programa de “redención” por cinco años, que permitiría a quienes cumplan con requisitos adicionales como los servicios comunitarios y un pago extra de 5 mil dólares, acceder a la ciudadanía estadounidense.

“Campus humanitarios” para solicitantes de asilo

En la moción, los legisladores propusieron la apertura de “campus humanitarios” para solicitantes de asilo, que les permita permanecer por hasta 60 días retenidos, mientras es atendido por un oficial migratorio que determine la legalidad de su caso. Esto con el objetivo de evitar que sean puesto bajo libertad condicional y “desaparezcan” del sistema como indocumentados y no presentarse ante una corte para definir su estatus.

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Los peticionarios de asilo serán sometidos a una entrevista de miedo creíble dentro de los primeros 15 días desde su llegada a los Estados Unidos. El bipartidista aclaró que los beneficiados serán solamente los que “huyen de la persecución política y no de la pobreza”.

Además, el proyecto propone la construcción de cinco centros de procesamientos en Latinoamérica, con el objetivo de ofrecer información legal a migrantes económicos, solicitantes de asilo y permisos de trabajo.

Sistema de verificación

La “Ley Dignidad” también incluye que todas las empresas estadounidenses requieran de un sistema de verificación “E-Verifyque”, que les permita confirmar si el contratado tiene algún estatus legal bajo el programa y si cuenta con un permiso de trabajo.

Esta opción va relacionado a la ley firmada por el gobernador de la Florida, Ron de Santis, que obliga a los empleadores verificar el estatus legal de sus trabajadores; de no tener algún beneficio, estos tendrán consecuencias hasta de ser deportados del Estado.

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