Exiliados analizan Ley de Ciberdelitos sus amenazas y alcances

La Ley de Ciberdelitos conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 28 de octubre del 2021 por la sandinista Asamblea Nacional, fue analizada por el Mecanismo de Coordinación de Grupos de Exiliados y la Diáspora en Costa Rica.

El análisis de la también llamada “Ley del Bozal”, que establece penas hasta de 10 años, se realizó para que los exiliados conocieran las consecuencias y amenazas para el grupo de nicaragüenses que huyó de la represión del régimen Ortega Murillo.

El grupo Hagamos Democracia estuvo a cargo de la actividad con los integrantes del mecanismo, conformado en el exilio, a quienes le manifestó que esta Ley se aplica de manera arbitraria, porque persigue a opositores y puede afectarles directamente.

“Si el Estado siente que perjudicó a una persona, a una empresa o al mismo Estado, ustedes también, los exiliados, pueden ser perseguidos por esa ley, encausados y hasta extraditados”, explicó uno de los expositores de Hacemos Democracia, bajo el anonimato por las represalias de la dictadura.

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El expositor también aclaró que los solicitantes de refugio tienen un poco de protección por parte del Estado costarricense, si fuesen señalados o acusados por la dictadura nicaragüense.

Añadió que si algún nicaragüense que se encuentre en Costa Rica haga publicaciones en sus redes sociales que las autoridades del régimen digan que provocan temor en la población nicaragüense, pueden ser encausados.

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Según Hagamos Democracia, desde que se aprobó esta ley, la dictadura ha criminalizado a varios opositores a quienes mantiene secuestrados en las cárceles del país entre ellos Nidia Barbosa, originaria de Nindirí, Santos Camilo Bellorín, campesino de Pueblo Nuevo, Samantha Jirón, integrante de la Unab, Douglas Cerros Lanzas, de Ocotal, María Oviedo, abogada de la CPDH y Amaru Ruiz, defensor ambiental de Río San Jua, este último se encuentra exiliado.

La Ley  de Ciberdelitos fue rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo (PE) y Estados Unidos, entre otros organismos, porque consideran que amenaza la libertad de prensa, censura a medios de comunicación y autocensura a la ciudadanía nicaragüense.