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  • 5:01 pm
  • Mar 16, 2022

El Salvador: Prisión para exjuez por agresión sexual a menor

Un tribunal superior salvadoreño condenó el lunes a diez años de prisión a un exmagistrado procesado por agredir sexualmente a una menor de edad, informó la fiscalía del caso. El fallo se aplicó al exjuez de la Cámara Tercera de lo Civil, Jaime Eduardo Escalante Díaz. De acuerdo con las investigaciones, el 18 de febrero […]
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Un tribunal superior salvadoreño condenó el lunes a diez años de prisión a un exmagistrado procesado por agredir sexualmente a una menor de edad, informó la fiscalía del caso.

El fallo se aplicó al exjuez de la Cámara Tercera de lo Civil, Jaime Eduardo Escalante Díaz.

De acuerdo con las investigaciones, el 18 de febrero de 2019 el entonces magistrado tocó en las partes íntimas a una niña de nueve años cuando jugaba con otros niños frente a su casa en un populoso barrio de un municipio al este de la capital del país. La niña le contó a su mamá lo que había sucedido y procedieron a la búsqueda del hombre.

En esta foto del 4 de noviembre de 2019, una mujer sostiene una pancarta que dice: "tocar niñas si es un delito" durante una protesta en San Salvador, El Salvador.
En esta foto del 4 de noviembre de 2019, una mujer sostiene una pancarta que dice: “tocar niñas si es un delito” durante una protesta en San Salvador, El Salvador.

Escalante fue detenido por la policía pero por ser magistrado de Cámara gozaba de fuero constitucional, por lo que fue necesario que la Asamblea Legislativa lo sometiera a un proceso de antejuicio para retirarle la inmunidad y enfrentara el proceso penal.

El juicio se suspendió en tres oportunidades por diferentes razones. En un primer proceso en noviembre de 2019 le descartaron los cargos de agresión sexual y lo señalaron por una falta menor que no tenía pena de prisión. El Ministerio Público consideró entonces que dicha resolución pasaba por alto todas las leyes especiales en materia de protección de la niñez, así como tratados internacionales.

La resolución de los magistrados generó protestas de organizaciones defensoras de los derechos humanos que exigieron justicia.

La Fiscalía apeló la resolución y el caso llegó hasta la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia —el máximo tribunal de justicia— y los magistrados ordenaron que se admitieran todas las pruebas y que el proceso fuera enviado a la Cámara Segunda de lo penal.

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