Estados Unidos abre nueva investigación por abusos laborales y competencia desleal en Nicaragua
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluyó a Nicaragua entre los 60 países que investigará para determinar cuán efectivas son sus políticas contra el trabajo forzado.
Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos bajo la administración rump, durante una reunión con funcionarios europeos en Bruselas, Bélgica, el 24 de noviembre, 2025.
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La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) incluyó a Nicaragua en un grupo de 60 países que serán investigados para determinar si sus políticas contra el comercio de bienes producidos con trabajo forzado son insuficientes o discriminatorias, y si afectan negativamente al comercio estadounidense.
La medida se fundamenta en la Ley de comercio de 1974, sección 301(b), que delinea un mecanismo para la investigación de y respuesta a prácticas comerciales consideradas desleales en gobiernos extranjeros. Así fue anunciado el jueves, 12 de marzo, por medio de un comunicado oficial del USTR.
Estas investigaciones determinarán si los países en cuestión no han aplicado o ejecutado apropiadamente leyes, normativas y restricciones al comercio de mercancía fabricada con trabajo forzado, creando una ventaja competitiva artificial al comerciar en el mercado estadounidense en competencia con empresas estadounidenses.
“A pesar del consenso internacional contra el trabajo forzoso, los gobiernos no han logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente las medidas que prohíben la entrada a sus mercados de productos elaborados con trabajo forzoso”, dijo Jamieson Greer, el embajador comercial de Estados Unidos.
Parte del proceso involucró la consulta formal con los gobiernos de las economías investigadas, incluido el de Nicaragua. El régimen de Nicaragua, encabezado por el binomio dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se había negado a colaborar con el USTR cuando se abrió una investigación en su contra sobre condiciones laborales en 2024.
Aquella investigación había concluido en 2025, señalando que los “actos, políticas y prácticas de (la dictadura en) Nicaragua en materia de derechos laborales, derechos humanos y libertades fundamentales, y Estado de derecho, obstruyen o restringen el comercio de los Estados Unidos al crear competencia desleal contra los trabajadores y empresas estadounidenses“.
Por esto se le impuso a todos los productos nicaragüenses con materia prima ajena a Nicaragua un arancel gradual de hasta 15% para 2028, sumándose a cualquier otro arancel estipulado por la administración. De no mostrar Nicaragua mejorías en su abordaje de los asuntos señalados, la estrategia de Estados Unidos podría cambiar.
Para esta nueva investigación hay audiencias públicas programadas para el 28 de abril de 2026. Los interesados podrán presentar comentarios por escrito antes del 15 de abril de 2026. También se pondrán a disposición expedientes públicos y otra documentación relevante a la investigación.
El proceso ahora entra en una fase de consultas y análisis técnico en base al cual se presentarán recomendaciones que el USTR aprobará o adaptará dependiendo de la realidad del país y los intereses del mercado estadounidense.