EE. UU. decidirá el destino de Nicaragua en el CAFTA, tras finalizar consulta

El 19 de noviembre cerró el periodo de consulta general habilitado por la Embajada de los Estados Unidos en Managua para el proceso de decisión sobre los abusos a derechos humanos y otras prácticas violatorias en la relación comercial de Estados Unidos y Nicaragua, que podría cercenar los lazos entre ambos países dentro del Tratado de Libre Comercio que sostienen desde 2006.

La Embajada había abierto el 20 de octubre el espacio para compartir opiniones y consideraciones en cuanto a las medidas recomendadas por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) tras una investigación sobre las condiciones laborales, de derechos humanos y de estabilidad jurídica en Nicaragua.

Esa Oficina había encontrado severas violaciones e injusticias no sólo contra trabajadores y ciudadanos nicaragüenses más generalmente, sino también afectaciones al comercio estadounidense.

En consecuencia, la Oficina recomendó suspender al país de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) e imponer aranceles de hasta el 100% sobre productos nicaragüenses, una medida que devastaría a la economía nicaragüense.

De inmediato, productores nicaragüenses se pronunciaron en contra de la medida al amenazar esta su estilo de vida. También se opusieron trabajadores de zonas francas y representantes de sindicatos sandinistas, alegando que las consecuencias serían demasiado costosas más para la economía de los nicaragüenses y menos para la dictadura sandinista.

Por otro lado, representantes de la oposición nicaragüense insisten en que la medida es proporcional a los abusos del régimen sandinista. Si bien admiten que el costo humanitario sería considerable, aseguran que esta es la única forma de presionar a la dictadura al haber fallado las sanciones selectivas a sus operadores.

“Pese a más de 700 sanciones individuales impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, la represión en Nicaragua se ha intensificado. Las confiscaciones siguen aumentando y continúan los presos políticos y las desapariciones forzadas incrementándose, así como las torturas, las expulsiones y desnacionalización de ciudadanos“, apuntaron un grupo de cinco colectivos opositores en una carta abierta publicada en el sistema de consulta el 19 de noviembre.

“Las sanciones selectivas son efectivas cuando un gobierno teme costos políticos internos o cuando existen contrapesos. En Nicaragua no existe ni lo uno ni lo otro“, declararon.

Ahora queda bajo criterio de las autoridades estadounidenses cómo proceder. No hay un plazo establecido para una decisión ni tampoco hay indicios de que el gobierno estadounidese se haya decantado por una u otra alternativa.

Sin embargo, el Departamento de Estado bajo la tutela de Marco Rubio ha mostrado creciente hostilidad contra la dictadura en Nicaragua como parte de una estrategia mayor del presidente Donald Trump para enfrentarse a los regímenes de ultra-izquierda en la región, en la cual no se descarta ninguna herramienta de presión política.

De expulsar a Nicaragua del Tratado, el país podría descender en una crisis sólo equiparable a la que vivió durante la Primera Dictadura Sandinista (1979-1990), cuando las políticas marxistas del régimen militar sandinista y la guerra civil causaron escasez generalizada y pobreza extrema.