Estados Unidos acusa de abusos a Dirección de Aduanas de Nicaragua

El último Informe de estimación de comercio nacional elaborado por Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos acusó a la Dirección General de Aduanas (DGA) de la Nicaragua bajo dictadura sandinista de abusos y corrupción en perjuicio de varias empresas.

La DGA, según el informe, “se ha vuelto cada vez más agresiva al cuestionar el valor declarado y el origen de las importaciones” resultando en sumas sustanciales en concepto de aranceles impagos y multas.

“Las empresas informan que los funcionarios aduaneros nicaragüenses suelen retrasar las inspecciones aduaneras e imponer multas arbitrarias” por problemas tan nimios como errores tipográficos menores, a pesar de que el Tratado de Libre Comercio vigente entre Nicaragua y Estados Unidos desde hace más de veinte años no contiene tales disposiciones.

Otras exigencias incluyen información clasificada o secretos comerciales que no son pertinentes al proceso que involucra a la DGA.

Los hallazgos del informe amenazan con antagonizar la política comercial de Estados Unidos en contra de Nicaragua. El presidente estadounidense Donald Trump, con su agenda de “Estados Unidos primero” (“America First”) ha deplorado en distintas ocasiones lo que percibe como “asimetrías” o “injusticias” a las que su país es sometido a nivel internacional en el ámbito comercial, como hizo recientemente con la India.

Con esto, Trump se refiere sobre todo a cobros de aranceles sobre bienes estadounidenses, así como otras restricciones que por años han sido prácticas estándar de muchos países al comerciar con Estados Unidos. El 2 de abril de este año, Estados Unidos impuso un arancel del 18% sobre productos nicaragüenses.

En esa línea, el informe alega que el régimen sandinista “aplica un impuesto al consumo del 15 al 42% a ciertos artículos de lujo. Desde 2019, las autoridades aduaneras nicaragüenses calculan este impuesto con base en un precio de compra estimado que, a menudo, supera el precio real o el valor justo de mercado de estos artículos, lo que hace que los productos importados sean menos competitivos en el mercado nicaragüense”.

“Otros productos, como las bebidas alcohólicas, también están gravados con base en un precio de compra estimado“, agrega el texto. Adicionalmente, reportes creíbles de corrupción han sido reportados ampliamente en las aduanas del país.

Otras limitaciones el régimen ha impuesto a través del Ministerio de Salud (MINSA), que exige documentos y procesos complejos para avalar el registro de productos alimentarios, llevando a rechazos de contenedores y costos adicionales para productos imperecederos.

Esto podría contribuir a la carestía de la vida en el país, pues los costos adicionales terminan trasladándose al consumidor.