Indígenas denuncian que “consultas” de Ortega en territorios son una pantomima

La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA), denunciaron las consultas secretas de la dictadura sandinista que actúa sin tomar en cuenta a organizaciones nativas de Nicaragua para el descongelamiento de 116 millones 642 mil 213 dólares, un fondo que iba a ser destinado por Fondo Verde del Clima; mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas de BOSAWÁS y Río San Juan.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes han denunciado que dichos fondos no pueden ser destinados a la pareja de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya que estos se utilizarían para financiar los ataques y represión contra los autóctonos, así como para continuar deforestando las biosferas más grandes de la región.

La dictadura sandinista “desea superar el impase provocado por la suspensión temporal de desembolsos financieros para ejecutar el proyecto y ha impulsado una pantomima de consulta y consentimiento invasivo y forzoso sobre los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes”, dice el comunicado de INANA.

LEER MÁS: Fondo Verde congela desembolso millonario a la dictadura sandinista

Las llamadas “consultas” se han llevado a cabo con la presencia de agencias de Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina de Servicios de Proyectos (UNOPS, siglas en inglés), el Banco Centroamericano de Integración (BCIE), pero sin tomar en cuenta a las organizaciones indígenas.

Según la misiva, en dichas consultas “NO se les ha dado la oportunidad de revisar el contenido del proyecto, alcances y mecanismos de seguimiento”, sino lo que buscan, es descongelar el fondo que estaba previsto ser destinado a Nicaragua para continuar deteriorando las reservas de Nicaragua.

Asimismo, la organización destacó que “el proceso de consulta se desarrolla en el marco de la consolidación del autoritarismo político en Nicaragua mediante la represión, persecución y control político, que alcanza a todos los niveles en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de manera progresiva y sistemática, por tanto, la misma presenta graves irregularidades que no cumplen con las condiciones mínimas para que un proceso de consulta sea válido y legítimo”.

Comunidades indígenas militarizadas

A finales de agosto, las comunidades indígenas y afrodescendientes denunciaron el desplazamiento de agentes de las fuerzas armadas de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) en el territorio Musawás, ubicada en el centro de la reserva Bosawás.

El desplazamiento de las fuerzas armadas es supuestamente con el objetivo, según la alcaldía sandinista de Bonanza, de “garantizar la seguridad y estabilidad de las familias”, en un contexto donde se realizaban las consultas con las estructuras del partido de gobierno FSLN y cinco personas “representantes” de la comunidad como un acto de intimidación.

LEER ADEMÁS: Dictadura amenaza a indígenas de Musawás tras militarizar la zona en el Caribe Norte

Con esta acción, las organizaciones nativas han manifestado que la dictadura sandinista ha impuesto estructuras comunales paralelas en los pueblos indígenas y afrodescendientes del país, bajo autoridades designadas por los operadores políticos del FSLN, quienes son
responsables de las invasiones y la polarización conflictiva de las comunidades.

“Las sesiones llamadas consultas se desarrollan en el marco del cierre de los
espacios cívicos, la persecución, criminalización, destierro y exilio forzoso a comunitarios, líderes naturales, defensores de derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes…que siguen sufriendo masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y una crisis humanitaria sin precedentes, en total impunidad”, resalta el pronunciamiento de los comunitarios.

Ante esta situación, instaron a la comunidad internacional y a Organizaciones Internacionales vinculadas al financiamiento ambiental, climático y otros, suspender todo plan de financiamiento a los dictadores Ortega Murillo en relación a recursos de medio ambiente y crisis climática, incluyendo los fondos suplementarios GEF, “mientras no se den las condiciones que garanticen el respeto y garantías adecuadas a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, como lo es el derecho a la tierra, territorio y recursos naturales”.