CIDH condena represión y detención de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua

Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua por parte de la policía sandinista y urge al Estado a cesar de inmediato estos actos.

La CIDH manifiesta a través de un comunicado que según información recibida a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), durante la madrugada del 19 de agosto, la Policía Nacional ingresó por la fuerza a la Curia Episcopal de Matagalpa para detener de manera arbitraria al obispo Rolando Álvarez y siete religiosos, quienes permanecían desde hace más de 15 días encerrados y bajo sitio policial en el lugar.

“Las autoridades responzabilizan al obispo de “ejecutar actos de odio” y “desestabilizar al Estado”; asimismo, en declaraciones públicas, la Vicepresidenta lo acusa de cometer “crímenes de lesa espiritualidad”, debido a su denuncia y oposición a la confiscación y cierre de siete radioemisoras de la Diócesis de Matagalpa”, dice la nota de la CIDH.

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Así mismo, la Comisión de la OEA expresa que urge a la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y de las personas detenidas, y exige al Estado de Nicaragua a informar inmediatamente su paradero y a garantizar su vida e integridad personal.

Policía persigue, hostiga, asedia y criminaliza a líderes católicos

La CIDH señala que estos hechos forman parte de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y en general, de actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua.

Este organismo considera que estos ataques contra la iglesia se deben al rol de mediación  que esta jugó en el Diálogo Nacional en 2018 y su papel crítico para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país.

Al respecto, la CIDH expresa en su escrito observar que el 17 de agosto, al sacerdote Uriel Vallejos lo habrían forzado a exiliarse después de permanecer más de tres días bajo asedio policial en la casa Cural de Sébaco.

Así mismo, que el 14 de agosto, al sacerdote Óscar Danilo Benavides, párroco de la iglesia Espíritu Santo de Mulukukú, en el Caribe Norte, lo detienen arbitrariamente agentes antimotines y, al día siguiente, el Ministerio Público solicita ampliar el plazo de su detención por 90 días para realizar investigaciones.

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De igual manera, indica que en esa misma fecha, los sacerdotes de los municipios de Rancho Grande y El Tuma fueron impedidos por agentes de la Policía, bajo amenazas, de trasladarse hacia la ciudad de Matagalpa para participar en celebraciones religiosas.

“En Managua, la Policía Nacional habría prohibido la celebración de las procesiones religiosas programadas para el 13 y 14 de agosto, por motivos de “seguridad interna”.

En los días siguientes, agentes antimotines habrían impedido el ingreso de personas a las iglesias para la celebración de la misa en otras comunidades del país”, reporta la CIDH.

Rechaza cierre y confiscación de
bienes vinculados a la Iglesia Católica

La CIDH manifiesta su rechazo, en el primer semestre de 2022, por el cierre y confiscación de los bienes de distintas organizaciones vinculadas con la Iglesia, como la Universidad Católica del Trópico Seco, varios colegios de la diócesis de Estelí y la Fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, a quienes expulsaron del país.

“En el mes de marzo, el Estado ordenó la salida del Nuncio Apostólico del país, quien fue mediador en la Mesa de Diálogo de 2019”, dicen en su escrito.

De igual manera, la CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) condenan la eliminación del Canal Católico de la grilla de programación de televisión por cable, en el mes de mayo; el cierre arbitrario de siete radioemisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa; así como el ingreso violento de la Policía en la capilla Niño Jesús de Praga en Sébaco, el 1 de agosto, para confiscar equipos de radio y TV.

La CIDH le recuerda al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva “la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.

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Además, establece que “la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

Al respecto, la CIDH nuevamente llama al Estado de Nicaragua para que cese los constantes ataques contra la Iglesia Católica. Asimismo, le urge que libere a todas las personas que permanecen privadas de la libertad arbitrariamente y a cesar de inmediato la represión en el país.