ONU expone dramático aumento de la migración en Nicaragua por la represión de Ortega

La Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó su informe según lo dispuesto por la resolución 49/3, que cubre el período del 7 de marzo a Junio del 2022, donde resalta  que en los últimos tres meses, la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha seguido empeorando, particularmente la migración sin precedentes de miles de nicaragüenses que siguen huyendo de la crisis.

En el informe destaca que las crisis sociopolíticas, económicas y de derechos humanos que presencian en Nicaragua están expulsando a miles de personas desde la seguridad de sus hogares.

“El número de nicaragüenses que abandonan el país está creciendo en cifras sin precedentes, incluso más que en la década de 1980”, indica el informe de Bachelet.

En cuanto a esto, la Oacnudh revela que en los últimos ocho meses se ha duplicado el número de refugiados y solicitantes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica, alcanzando un total de 150.000 nuevos solicitantes desde 2018, lo que representa el tres por ciento de la población costarricense.

El número de nicaragüenses interceptados en las fronteras de los Estados Unidos de América también experimenta un aumento sin precedentes, pasando de 3.164 en septiembre de 2020 a 92.037 en abril de 2022.

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“En marzo de 2022, la cifra llegó a 16.088; la más alta registrada hasta la fecha para un sólo mes y ocho veces superior a la registrada en marzo de 2021”, destacan autotidades migratorias de EE.UU.

Régimen de Ortega viola libertad de circulación 

Bachelet refiere que desde su oficina ha documentado varios casos de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades nicaragüenses, poniendo en grave peligro el derecho a la libertad de circulación.

Refiere además que las renovaciones de pasaporte en un consulado en el extranjero han sido denegadas en algunas ocasiones, lo que obliga a las personas a realizar el proceso en Nicaragua donde su seguridad puede estar en riesgo.

“A los nicaragüenses que pretendían salir del país también se les ha retenido el pasaporte sin justificación. Además, habría sido negada la entrada al país de un ciudadano nicaragüense”, denuncia.

Además, desde mayo, denuncia que la policía ha reanudado el acoso a los sacerdotes católicos, siguiéndoles e intimidándoles persistentemente. Dos fueron rodeados en sus iglesias por policías y se prohibió la entrada a los feligreses. El Gobierno también ha ordenado la eliminación del Canal Católico de la parrilla de televisión por cable.

Personas presas políticas enfrentan condiciones atroces

En el recopilado, Bachelet también denuncia detenciones arbitrarias en las que personas presas políticas enfrentan condiciones atroces, además de aborda sobre los cientos de organizaciones de la sociedad civil que son despojadas de su personería jurídica.

La Alta Comisionada rechaza las condiciones, contrarias a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, de 173 personas que se encuentran privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos desatada en 2018 y en el marco de las elecciones de 2021, en donde muchos han sido procesados ​​y condenados sin el debido proceso.

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“Estas condenas se habrían basado en denuncias que no se probaron durante el proceso judicial”, destaca el informe.

Enfermos e incomunicados sin ver a sus hijos

La mayoría de estos detenidos permanecen privados de su libertad en diferentes cárceles del régimen de Ortega. Este año, sólo se les han permitido cuatro visitas de sus familiares adultos y se les sigue negando a los niños el derecho a tener cualquier tipo de contacto con sus padres en detención, refiere la Oacnudh en el escrito.

Así mismo, indica que los familiares han denunciado que sus seres queridos están recluidos en condiciones infrahumanas, con especial preocupación por aquellos que necesitan atención médica urgente, permanente o especializada, que, según los informes, el régimen orteguista se niegan a proporcionar.

“En la actualidad, 11 personas se encuentran bajo arresto domiciliario. Según las normas nacionales vigentes, este beneficio debe otorgarse a todos los detenidos mayores o gravemente enfermos”, subraya.

Michelle Bachelet hizo “un alto” en la lectura del informe para pedir la liberación de todas las personas presas políticas de las cuales detalla en el escrito las condiciones en las que se encuentran.

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“Aprovecho esta oportunidad para instar nuevamente a las autoridades competentes a garantizar la pronta liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y garantizar su integridad física y psíquica”, expresó Bachelet.

Asimismo, instó encarecidamente a las autoridades a que realizar una verificación independiente de las condiciones de detención y tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad y para asegurar que las condiciones de detención se ajusten a los estándares internacionales.

Nicaragua sin espacios cívicos

Bachelet manifestó su preocupación por la dramática reducción del espacio cívico en el país.

A la fecha, la Asamblea Nacional, a pedido de la dictadura ha cancelado la personería jurídica de 388 organizaciones desde principios de año, elevando el total al menos a 454, desde noviembre de 2018.

“Esto no sólo ha afectado a las organizaciones de derechos humanos, sino también otras organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en educación y desarrollo, así como asociaciones médicas y profesionales”, refiere el escrito.

Para la ONU la reciente reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior que exige que los programas académicos de todas las universidades sean aprobados por un organismo central, representa una nueva amenaza a la libertad académica y la autonomía universitaria.

El régimen orteguista canceló arbitrariamente la personería jurídica de al menos 12 universidades y ahora están bajo el control estatal.

Ley limita severamente el libre ejercicio a la libertad de asociación

Asimismo, Bachelet se mostró seriamente preocupada por las consecuencias de la nueva Ley General para la Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, que entró en vigor el 6 de mayo.

Esta ley dificulta el registro de las organizaciones y permite al gobierno sandinista una total discrecionalidad para exigir información sobre sus fondos, actividades y beneficiarios. Cualquier actividad emprendida por la organización debe someterse a la autorización previa gubernamental y las organizaciones tienen prohibido participar en actividades políticas.

“Los límites y prohibiciones de esta ley obstaculizan severamente el libre ejercicio del derecho a la libertad de asociación, así como otros derechos fundamentales de una sociedad democrática”, expresa.

Ortega amenaza con confiscar bienes de voces críticas

En el informe de la Oacnudh se detalla que en abril, dos comisiones de la Asamblea Nacional completaron un análisis de la legislación penal que se utiliza para perseguir a quienes el Gobierno percibe como opositores y propusieron endurecer las penas e introducir otras medidas represivas, como la confiscación de sus bienes.

“Esto genera serias preocupaciones acerca de que el Gobierno busque profundizar aún más la represión de las voces críticas”, indica.

Por tal razón, la ONU insta al Gobierno de Nicaragua a que respete y no se aleje más de sus obligaciones en materia de derechos humanos a la vez que hace un llamado a las autoridades a cesar de inmediato las políticas que hoy sólo sirven para aislar al país y a su gente de las comunidades regionales e internacionales.

Además, le solicita otorgar acceso al país al personal de la Oficina del Alto Comisionado, lo que para este constituiría un paso adelante positivo.

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“Estamos listos para impulsar los esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua”, destaca.

En el informe llaman además al Consejo de Derechos Humanos y a los estados miembros para que intensifiquen rápidamente los esfuerzos destinados a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis y a que la dictadura permita que la ONU las visite.