Dictadura impone delitos de “conspiración y ciberdelitos” a Evelyn Pinto y la declara culpable

Pasada las 3 de la tarde de este 9 de marzo, el sistema judicial de la dictadura represora de Daniel Ortega y Rosario Murillo, declaró culpable a la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y le aplicó la “Ley de Ciberdelitos”.

“A las 3:10 p.m. (de ayer) terminó la farsa judicial contra la defensora de DDHH Evelyn Pinto en los Juzgados de Managua, fue declarada culpable injustamente por el delito de Conspiración y ciberdelito”, denunció el Cenidh.

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Según este organismo de derechos humanos, en la sala, durante la farsa judicial, pese a que la defensa solicitó que le dejaran reunirse un momento con su familiar, no se lo permitieron y alegaron que ella ya tiene establecidas sus visitas, lo que considera un trato cruel.

La lectura de sentencia será realizada este 14 de marzo a las 8 y 30 minutos de la mañana, para la cual la Fiscalía sandinista ha pedido ocho años de prisión para la defensora de derechos humanos y adulta mayor.

“Evelyn Pinto es inocente, su único delito ha sido luchar por los DD.HH., la libertad, la justicia y democracia en Nicaragua. Deben liberarla”, ha denunciado este organismo de derechos humanos.

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Además el Cenidh ha manifestado que“por su edad y estado de salud su vida corre peligro.

La noche del sábado 6 de noviembre del 2021, un día antes de las votaciones de Daniel Ortega, cerca de 20 policías secuestraron a Evelyn Pinto Centeno, de 62 años de edad, en su casa de habitación en Managua.

Evelyn es una persona adulta mayor, sobreviviente de cáncer, padece hipertensión e insuficiencia renal crónica.

La defensora de derechos humanos ha trabajado también en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescente desde la Fundación Fe y Alegría.

Pinto está encarcelada en el Sistema Penitenciario Nacional de Mujeres, conocido como La Esperanza, donde fue trasladada el primero de diciembre del 2021. Su familia, constantemente, ha solicitado atención médica especializada por sus enfermedades, pero las autoridades del sistema penitenciario se niegan a atenderla.