Estados Unidos sanciona a María Haydée Osuna, la jueza Karen Chavarría y otros siete funcionarios

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este miércoles a nueve funcionarios nicaragüenses entre ellos la diputada y presidenta del PLC, María Haydée Osuna y la jueza orteguista Karen Chavarría.

Junto a ellas también fueron sancionados los magistrados del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha y Cairo Amador, los diputados Wilfredo Navarro, Edwin Castro, Gustavo Porras y Wálmaro Gutiérrez.

Todos fueron agregados a su lista de «Actores Corruptos y Antidemocráticos de los Estados Unidos» por colaborar con el régimen de Daniel Ortega en su arremetida judicial contra los presos políticos en Nicaragua.

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“El gobierno de los Estados Unidos está profundamente preocupado por la injusticia y la falta de transparencia que se muestran en los juicios de los presos políticos en Nicaragua. Seguimos comprometidos a apoyar al pueblo de Nicaragua luchando contra la corrupción y promoviendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son claves para un futuro mejor”, informó el Departamento de  Estado de Estados Unidos.

Estados Unidos considera una prioridad avanzar con la aplicación de sanciones a estos nueve nicaragüenses que fueron sancionados bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos, según enmendada.

Indican que la ley generalmente hace que las personas enumeradas no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. La Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (RENACER), aprobada con amplio apoyo bipartidista y firmada por el presidente Biden el 10 de noviembre de 2021.

“Seguimos comprometidos a apoyar al pueblo de Nicaragua mediante la lucha contra la corrupción y la promoción de la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son claves para un futuro más brillante”, señala el comunicado de prensa.

Los nueve funcionarios del gobierno de Nicaragua incluidos a la lista por socavar los procesos democráticos o las instituciones de Nicaragua son:

Cairo Melvin Amador, actual Vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Ignacio Campbell Hooker, actual miembro del CSE y Presidente en funciones del CSE desde 2018 hasta mayo de 2021 y Brenda Isabel Rocha Chacón, actual Presidenta del CSE, por conspirar con los Ortega- régimen de Murillo- para socavar las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021, al descalificar a los partidos y candidatos legítimos de la oposición por motivos espurios.

Edwin Ramón Castro Rivera, miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde 1997 y jefe de la bancada del FSLN desde 2007, por asegurar que los leales a Ortega-Murillo ganaran todos los cargos de magistrados en el CSE y asegurar la aprobación de una legislación, extremadamente amplia, que utilizó el régimen de Ortega-Murillo. Excluir a los candidatos y partidos de la oposición y hostigar y encarcelar a los opositores políticos.

Karen Vanessa Chavarría Morales, actual jueza del distrito noveno de Managua, por abusar de su autoridad y subvertir procesos legales para actuar contra opositores políticos al régimen Ortega-Murillo e inhabilitar candidatos opositores a las elecciones de noviembre de 2021.

Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Carlos Wilfredo Navarro Moreira, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua y Gustavo Eduardo Porras Cortés, actual Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, por darle al régimen Ortega-Murillo las herramientas para conducir su descarado asalto a la democracia al llenar el CSE con miembros del FSLN leales a Ortega.

María Haydée Osuna Ruiz, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua, por conspirar con el régimen de Ortega-Murillo para subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 en Nicaragua al firmar una denuncia espuria que sirvió de pretexto para que el gobierno descalificara al último partido de oposición legítimo que quedaba y perseguir a su líder hasta el exilio.

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“Continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por corrupción y otros ataques a la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica. Apoyamos al pueblo de Nicaragua en su lucha por restaurar las instituciones democráticas, elegir a sus líderes en elecciones libres y justas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”, concluye la nota de prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos.