Gremio Médico emite contundente denuncia tras despojo de personerías por parte de la dictadura
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El Gremio Médico de Nicaragua emitió este miércoles una contundente denuncia a nivel internacional, tras concretarse el despojo de la personería jurídica de 24 oenegés, 15 de ellas de profesionales de la salud, de parte de la Bancada del FSLN y sus aliados en la Asamblea Nacional.
La denuncia, que va dirigida a las Asociaciones y Organizaciones Médicas de Ibero Latinoamérica, resalta la persecución implacable de parte de la dictadura de Daniel Ortega en contra de los médicos en Nicaragua, a través de una serie de acciones arbitrarias e ilegales.
“Los últimos años han sido de verdadera tortura para los médicos en Nicaragua. El régimen dictatorial de Daniel Ortega y su familia, su esposa y 8 de sus hijos, que asumen los más altos cargos de gobierno en el país, han usado al sistema de salud para castigar a sus detractores”, inicia el documento.
El gremio médico establece en su denuncia que durante las protestas del año 2018 el régimen prohibió brindar atención médica en el sistema estatal de salud a los opositores a su gobierno; esto ocasionó que el gremio médico se volcara a atender a la población en iglesias, universidades y consultorios improvisados en los barrios de las ciudades, lo que evitó un mayor número de muertos entre la población que protestaba en ese momento. Se calcula que entre 320 y 600 personas perdieron la vida por acción de las fuerzas del régimen, así como miles de heridos por armas de fuego.
En represalia Ortega despidió a los médicos que atendieron a los pacientes heridos, por lo que muchos de ellos tuvieron exiliarse para evitar ser encarcelados.
Una nueva crisis: La pandemia
Tras la llegada de la pandemia, la respuesta del régimen fue la convocatoria a miles de actividades masivas donde se obliga a trabajadores del estado y activistas de su organización político-militar a juntarse con otros, con consecuencias fatales.
“Con esta forma de enfrentarse a la crisis sanitaria, no es de sorprenderse que la situación sea catastrófica. Sin embargo, las cifras oficiales de enfermos y fallecidos por COVID 19 en
Nicaragua son de las más bajas del mundo”, resalta la denuncia.
En agosto del 2020 un análisis de médicos nicaragüenses, basado en documentos “hackeados” por Anonymous y coordinado por el epidemiólogo Álvaro Ramírez reveló que el Ministerio de Salud llevaba en ese momento, un registro de 9.683 casos positivos de coronavirus y no de 4.115 que reconoce hasta hoy, lo que supera, incluso, los 9.646 reportados por el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19.
“Eso significa que por cada caso ha habido de 96 a 98 más circulando en la calle, que no son graves, y si hablamos de 9.683 confirmados, podríamos pensar que hasta el 24 de julio pudo haber unos 100.000 infectados de COVID-19”, explicó el epidemiólogo nicaragüense Álvaro Ramírez, desde su oficina en Irlanda.
Una de cada dos pruebas da positivo
Según el informe, los documentos del Ministerio de Salud “hackeados” y que el Gobierno “ha ocultado” demuestran que el 56 % de las pruebas de COVID-19 dan resultado positivo, lo que el experto calificó como “el porcentaje más alto de positividad en el mundo”.
“Ante esta situación, nuevamente, el gremio médico de Nicaragua ha dado la cara. Se ha estado atendiendo a la población con gran sentido del compromiso, sin recursos, con un gobierno que niega la gravedad de la situación, que los obliga a comprar sus EPI, siendo incapaz de facilitar ni la más sencilla de las mascarillas. Esto lo han estado realizando en la clandestinidad, por el acoso y persecución del régimen a las personas que considera opositoras”, dicen los galenos.
En mayo de 2020, alrededor de 700 profesionales médicos y de salud hacen pública una
denuncia acerca de la situación del sistema, la falta de medidas, la exposición forzada del
personal de salud, sin ninguna protección y solicitan más atención, entre otras cosas. La respuesta del régimen fue despedir a al menos 15 de esos profesionales, todos altamente calificados e incluso, con capacidades únicas en el sistema público de salud.
La dictadura de Ortega prohibió a la Iglesia Católica y a organizaciones civiles, brindar atención en salud en medio de la pandemia. De igual manera, le cancelaron la personería y obligaron a cerrar a una Asociación Civil con 35 años de trabajo comunitario, ASODHERMU, aduciendo que no cumplía con los requisitos de ley, después de que diera a conocer que estaba conformando un Comité Municipal de Prevención al COVID.
El coronavirus en Nicaragua sigue incontrolable y el gobierno ocultando la información,
negándose a informar, prohibiendo a los familiares comentar la causa del deceso, si es COVID, con certificados de defunción con causas falsas y creando un ambiente de persecución al personal que labora en hospitales y unidades de salud.
Nueva embestida de Ortega
En julio de 2021, nos encontramos con una nueva embestida por parte del gobierno: la
muerte civil a las asociaciones médicas. Van a cancelar inicialmente cerca del 60% de todas
las personerías de asociaciones médicas del país. Esto fue precedido de citatorias a algunos profesionales de la medicina por parte del Ministerio Público para ser interrogados y por el Ministerio de Salud para ser amenazados con una ley de reciente creación (Ley de ciberdelitos) por difundir información sobre el COVID.
La decisión incluirá la expropiación de todos los bienes de las asociaciones, como ya lo han
hecho con 10 ONG´s que jugaban un rol de defensa de los derechos humanos y de educación ciudadana, por considerarlas críticas al gobierno en 2018 y la ya mencionada en 2020.
Las asociaciones médicas más relacionadas con el COVID y su atención van a desaparecer y con ellas, los mecanismos de Actualización y Educación Médica Continua, las herramientas de certificación y recertificación que algunas desarrollan con sus homólogas supranacionales, con un consecuente daño irreparable en la búsqueda de la calidad de la atención.
“El gremio médico quedará desprovisto de uno de sus insumos más valiosos, la actualización de conocimientos y sin sus instrumentos organizativos, muchos con décadas de existencia. Exponemos esto a la comunidad médica internacional para su conocimiento, al tiempo que solicitamos su solidaridad manifestándose en expresiones de rechazo a esta política que al final perjudica a nuestros pacientes y violenta nuestro derecho a organizarnos”, denuncian.
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