Captura de Miguel Mora es inconstitucional, dice Colectivo de DD.HH.

La cacería en contra de los opositores y candidatos presidenciales no cesa, la última detención ilegal se dio la noche de ayer en contra del aspirante presidencial Miguel Mora, cuya vivienda fue allanada.

Ante este nuevo atropello de la dictadura Ortega Murillo, El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha repudiado y denunciado la detención violenta y arbitraria del también dueño de 100% Noticias.

Para esta organización de derechos humanos la detención de Miguel Mora al igual que la de todas las personas presas políticas tienen en común la inconstitucionalidad porque de acuerdo al artículo 33 constitucional las personas solo pueden ser detenidas en flagrante delito o con orden de autoridad competente.

“Ninguna disposición constitucional autoriza allanamientos y capturas en horas de la noche para someter a una investigación por 90 días y además para mantener a las personas en aislamiento sin comunicación con sus familiares y su defensa en consecuencia se trata de verdaderos secuestros que violentan todos sus derechos humanos”, expresa El Colectivo de DDHH a través de un comunicado.

El .@ColectivoNunca repudia el allanamiento y la detención violenta y arbitraria contra el periodista y precandidato presidencial .@MoraMiguel100 por parte de la Policía en su casa casi a la media noche de ayer domingo 20 de junio .@CIDH .@CP_OEA .@Europarl_ES .@OACNUDH pic.twitter.com/0XCDSoHXUM

— Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca +” (@ColectivoNunca) June 21, 2021

También alertan que “estas detenciones arbitrarias e inconstitucionales constituyen una redada contra personas precandidatas a la presidencia”, opositores y extrabajadores de de la fundación Violeta Barrios para un total de 18 personas en las últimas tres semanas.

“Todos los secuestros violentan los derechos civiles y políticos: la libertad, presunción de inocencia, seguridad e integridad personal, a ser oídos, asistidos por abogados de su elección y a ser presentados en audiencia oral y pública, entre otros”, dice el colectivo.

En este comunicado denuncian una vez la autorización judicial de cárcel por 90 días que significa detener para investigar y una pena anticipada en completa indefensión, porque se realizan audiencias a escondidas y sin garantías.