Cristiana Chamorro sigue gozando de sus derechos políticos dice experta constitucional

La doctora María Asunción Moreno, experta en Derecho Constitucional, miembro de la Alianza Cívica, afirmó que Cristiana Chamorro sigue gozando de sus derechos políticos y que se debe tener claro, desde un inicio, que su caso se trata de motivaciones políticas, en donde el régimen quiere dar un mensaje de desesperanza y desánimo a los nicaragüenses que quieren tener cambios en las figuras de poder.

Moreno explicó que los tres cargos que el Ministerio Público le imputa a Cristiana Chamorro son graves, refiriéndose a Falsedad ideológica, Gestión abusiva y Lavado de dinero pero que en todo el proceso se le han violentado todos sus derechos constitucionales.

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“El caso inicia en el Ministerio de Gobernación como consecuencia de una citación que se hace ante el Ministerio de Gobernación para la Fundación en donde se le notifica que se han encontrado algunos tipos de indicios o contradicciones financieras en los informes que la Fundación presenta. Ese es un proceso administrativo en un Estado de Derecho normal en donde la fundación puede llegar, se le daría tiempo y derecho a la defensa para aclarar cualquier duda que tuviese el Ministerio de Gobernación”, explicó Moreno.

La experta detalla que ha habido una cadena de arbitrariedades y de ilegalidades en este proceso al ser citada Cristiana Chamorro al Ministerio Público, sin haber comenzado ni terminado la parte administrativa que corresponde en el Ministerio de Gobernación para las personas jurídicas sin fines de lucro se inicia una fase de investigación penal sin que se le haya respetado el derecho a la defensa.

“No se le da derecho a la defensa, se violenta el derecho, una garantía fundamental, y se inicia una  fase de investigación que realmente es aceleradísima para el tipo de cargo que se le están imputando”, detalló Moreno.

Moreno refirió que la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos que solicita el Ministerio Público para Cristiana Chamorro no tiene ninguna base legal en este caso, puesto que no está prevista en la Legislación nicaragüense como una medida cautelar.

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