Ortega-Murillo acusan en horas no hábiles ante los juzgados a Cristiana Chamorro
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Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio Público, presentaron acusación en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, a las seis y veinte minutos de la tarde de este martes, cuando los juzgados ya estaban cerrados.
La hora a la que fue presentada la acusación demuestra la urgencia que tiene el régimen por inhibir a la precandidata presidencial que goza de gran simpatía entre los nicaragüenses para aspirar por la presidencia de Nicaragua.
Cristiana Chamorro está siendo acusada por los dictadores por “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”. La fiscalía también solicitó restricción migratoria e inhabilitación para ocupar cargos públicos, sin siquiera haber sido procesada e irrespetando el derecho a la presunción de su inocencia.
“No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser República”, dijo Chamorro al conocer las medidas de la Fiscalía.
Manuel de Jesús Rugama Peña es el fiscal que presentó la acusación formal contra Cristiana Chamorro Barrios y la juez que llevará el caso es Karen Vanessa Chavarría Morales, del Juzgado Noveno de Distrito Penal.
“Hoy mismo, el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra; prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares; y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, en contra de María Lilly Delgado Talavera, María Lourdes Arroliga Vanegas y Guillermo José Medrano”, dicta el comunicado del Ministerio Público.
De acuerdo con la valoración legal de la doctora María Asunción Moreno, miembro de la Alianza CxL, sobre el caso de Chamorro, se está ante un caso de Inhibición ilegal en el que el régimen pretende limitar el ejercicio de los derechos políticos de Chamorro.
“El comunicado de la fiscalía se contradice con el Arto. 47 de la Constitución Política que establece “Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil”, dijo Moreno.
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