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  • 2:14 pm
  • Jul 14, 2026

Madre denuncia desaparición de Elvia Flores, menor que acusó de abuso sexual a Daniel Ortega

Elvia Flores tenía quince años cuando fue abusada sexualmente por el líder sandinista, Daniel Ortega, según figura en la denuncia que hizo su familia. Ahora se encuentra desaparecida.

Daniel Ortega junto a Elvia Flores cuando esta tenía 15 años. Circa 2005.

  • Cortesía

La ciudadana Elpidia Castillo denunció públicamente la desaparición de su hija, Elvia Junieth Flores Castillo, y de sus dos nietas menores de edad, de quienes asegura no tiene noticias desde el 21 de marzo de 2025. Castillo responsabilizó directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y pidió una prueba de vida de sus familiares.

La denuncia fue difundida a través de un video publicado en TikTok en la cuenta “Voz de una Madre Nicaragüense”, donde Castillo hizo un llamado humanitario para conocer el paradero de su hija y de las dos niñas. La mujer en cuestión, Elvia Floreshabía señalado a Ortega por abuso sexual contra su persona en 2005, cuando todavía era menor de edad.

“Quiero hacer una denuncia pública… No sé dónde se encuentran… en qué situación se encuentran, cómo están. Dos niñas inocentes. ¿Por qué se han ensañado en ellas si son niñas chiquitas que ni a clase van? Les están robando su niñez“, expresó Castillo.

Según su testimonio, la última comunicación con su hija ocurrió la noche del 21 de marzo de 2025. “Se las llevaron a ella con sus dos niñas. Yo responsabilizo al gobierno de Nicaragua. Les exijo que me den respuesta de mi hija y mis nietas, que no sé cómo se encuentran, dónde están“, afirmó.

La madre aseguró que continuará denunciando el caso hasta obtener respuestas. “No vamos a parar hasta que me las den“, sostuvo.

La otra denuncia

En 2013, el hermano de la entonces menor de edad de 15 años, Elvia Flores, el abogado Santos Sebastián Flores Castillo, intentó revelar que esta había sido víctima de abuso sexual por parte del líder sandinista Daniel Ortega, quien ya había sido acusado de abuso sexual por su hijastra, Zoilamérica Narváez, en 1998.

Tras esas denuncias, la familia asegura haber sido objeto de persecución (como ocurrió también con Narváez). El mismo año, 2013, Santos Flores fue condenado a 15 años de prisión por un caso que sus familiares consideran una represalia política. Permaneció encarcelado hasta su muerte, el 8 de noviembre de 2021 en la prisión La Modelo.

Hubo denuncias de que el cuerpo de Flores mostraba señales de violencia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que durante su encarcelamiento fue sometido a aislamiento prolongado, falta de alimentación adecuada, ausencia de atención médica y otras condiciones incompatibles con los estándares internacionales o contemplados en la legislación local.

En octubre de 2024, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al considerar que existían elementos suficientes para establecer responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua.

En noviembre de 2017, la propia Elvia Flores Castillo rompió públicamente el silencio durante una conferencia de prensa realizada en Miami. “Yo soy la principal víctima de abuso de poder por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra“, declaró entonces vía telefónica ante medios de comunicación.

En esa ocasión explicó que decidió hacer pública su historia por considerar que durante años había prevalecido la impunidad y afirmó que ya no mantenía ningún vínculo con Ortega. Ese mismo día, sus hermanos expresaron preocupación por la integridad de Santos Flores, quien permanecía encarcelado.

Las autoridades del régimen sandinista no han reconocido la denuncia ni informado sobre el paradero de Elvia Flores Castillo y sus dos hijas. La denuncia es parte de un patrón amplio y documentado de señalamientos formulados por organismos internacionales de derechos humanos y expertos sobre las desapariciones forzadas del régimen en Nicaragua.

En sus informes más recientes, tanto el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas como la CIDH han documentado casos en los que familiares desconocen durante semanas o meses el paradero de personas detenidas por motivos políticos.

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