Ministerio Público acusa formalmente a tres aspirantes presidenciales y cinco opositores desaparecidos
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El Ministerio Público de sesgo sandinista a través del comunicado número 066-2021 confirmó la acusación formal contra los ciudadanos Manuel Salvador Orozco, José Bernard Pallais Arana, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, José Adán Aguerri Chamorro, Juan Sebastián Chamorro García, Arturo Cruz Sequeira, Violeta Mercedes Granera Padilla y Daysi Tamara Dávila Rivas por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
“La audiencia preliminar se llevó a cabo el día de hoy, la autoridad judicial admitió la acusación para las personas imputadas. Decretó la medida cautelar de precisión preventiva para los acusados que se encontraban bajo detención judicial y orden de detención para la persona acusada que se encuentra sin detener”. plasmaron en el documento.
Según la institución judicial que carece de independencia y credibilidad a nivel nacional e internacional, el “delito fue cometido en perjuicio de la sociedad nicaragüenses y el Estado de Nicaragua”; los acusados son tres aspirantes presidenciales quienes realizaron en el primer semestre del año en curso su lanzamiento de campaña y, cinco opositores entre ellos el extitular del Cosep José Adán Aguerri, así como miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
“El Ministerio Público hace un llamado a la población a mantener un clima de paz y convivencia pacífica, así como de tranquilidad, tolerancia y respeto a las leyes de la República”. amenazó la progubernamental fiscalía.
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El régimen de Ortega-Murillo tiene bajo la figura de presos políticos tras las rejas a más de 130 personas que alzaron su voz contra las violaciones a los Derechos Humanos; lleva a cabo acusaciones de lavado de dinero contra las Fundaciones Violeta Barrios de Chamorro y Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, en estos casos a citado ante su fiscalía a decenas de periodistas independientes, galenos y extrabajadores de dichas fundaciones; las acusaciones se dan en meses previos a las elecciones presidenciales tipificadas como “un inminente fraude electoral” debido a la falta de trasparencia, competitividad y legalidad.
