Seminarista nicaragüense exiliado por la dictadura será ordenado diácono en Roma
En Nicaragua, la dictadura ha impedido a la Iglesia católica ordenar nuevos religiosos, parte de su estrategia de represión contra la institución.
El religioso nicaragüense Alester Sáenz, preso político de la dictadura y desterrado en 2024.
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El religioso nicaragüense Alester de Jesús Sáenz Centeno será ordenado diácono en la Basílica de San Juan de Letrán el sábado, 10 de octubre, según informó la Diócesis de Roma. Sáenz fue preso político de la dictadura sandinista en Nicaragua, desterrado el 13 de enero de 2024 en un grupo de 18 religiosos.
La ordenación de Sáenz ocurrirá junto a la de otros diez seminaristas en una ceremonia eucarística a cargo del vicario Baldo Reina. El diaconado permite a Sáenz predicar la homilía, enseñar catequesis y otros aspectos de doctrina cristiana asistiendo a un sacerdote, pero no puede consagrar la eucaristía, ni confesar ni administrar otros sacramentos de forma ordinaria.
Una vez elevado a diácono, Sáenz estará a sólo un paso de convertirse en sacerdote católico. El ordenamiento de religiosos ha sido impedido en Nicaragua por la misma dictadura que lo desterró.
Sáenz, originario de Rosita, en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), había sido detenido el 20 de diciembre de 2023 junto al obispo de la Diócesis de Siuna, monseñor Isidoro Mora, de acuerdo con una denuncia divulgada por el medio Mosaico CSI. Su destierro fue sólo uno de varios otros realizados por la dictadura desde la supresión violenta del estallido social de 2018.
Desde entonces, la dictadura ha establecido una campaña de represión contra la Iglesia católico y otras agrupaciones religiosas no afines a sus intereses políticos.
De acuerdo con informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas y otros organismos, la dictadura ha ejecutado campañas de estigmatización, amenazas, vigilancia, agresiones físicas, asedio policial y parapolicial, prohibiciones y restricciones a las actividades religiosas y, posteriormente, detenciones y procesos penales espurios contra religiosos.
El hostigamiento contra sacerdotes y obispos pasó a incluir vigilancia permanente, restricciones para celebrar procesiones y otras actividades públicas, interrogatorios, amenazas y detenciones arbitrarias. Cuatro de las nueve diócesis de Nicaragua quedaron acéfalas tras la expulsión de sus obispos titulares.
