Los 12 crímenes contra nicaragüenses bajo investigación en Costa Rica

“Es triste ver que en Costa Rica dan refugio y llegan y matan a los refugiados como que tal fuera un pollo, una gallina“. Ese es el reclamo de Martha Rugama quien, desde su segundo exilio en Europa, accede contar a Nicaragua Actual sobre cómo ocurrió el asesinato de su esposo, Jaime Luis Ortega Chavarría.

Ortega Chavarría, artesano, excombatiente y conocido como “Halcón Uno” entre sectores de la Resistencia Nicaragüense (RN), fue asesinado a balazos el 28 de octubre de 2024 en la comunidad El Quebradón, en Upala, Costa Rica.

Él y Rugama se exiliaron de Nicaragua en 2018 y estaban vinculados al Movimiento Campesino Anticanala, una asociación civil de base rural que es criminalizada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En 2020, la Unidad de Refugio de Migración y Extranjería de Costa Rica reconoció a Jaime Ortega como refugiado.

Casi dos años después del crimen sigue en “investigación”, informó el Poder Judicial a Nicaragua Actual.

Jaime Luis Ortega Chavarria, campesino nicaragüenses asesinado en Costa Rica. Foto: Cortesía

Otro nicaragüense asesinado tres años antes tuvo una trayectoria judicial muy distinta.

El 20 de agosto de 2021, Wilfredo Moreno Tinoco fue secuestrado en Curridabat y trasladado a la Uruca donde fue ejecutado. En este caso la justicia avanzó ya que cuatro personas fueron imputadas por el crimen y tres fueron sentenciadas a 50 años de cárcel. El cuarto señalado del crimen espera el juicio en septiembre de 2026, informaron a Nicaragua Actual el Poder Judicial y el Ministerio Público costarricenses.

Más de 200 mil nicaragüenses que han solicitado refugio en Costa Rica tras salir de Nicaragua por la represión del régimen que inició en 2018 contra protestas masivas. La represión en años subsiguientes se ha profundizado conforme el régimen radicaliza su postura.

En la primera entrega de esta investigación, Nicaragua Actualreconstruyó el camino judicial del primer atentado contra Joao Maldonado, ocurrido en San José en septiembre de 2021, y reveló que el expediente fue archivado en noviembre de 2024 a solicitud de la Fiscalía, sin que se conozcan públicamente las razones de esa decisión. El reportaje también documenta las diferencias en el tratamiento judicial de ataques contra personas nicaragüenses exiliadas y plantea interrogantes sobre cuánto han pesado sus antecedentes de amenazas y persecución política en las investigaciones. ¿Por qué se cerró el primer caso y qué quedó sin esclarecer?

Lea aquí la primera parte de esta investigación: ¿Por qué la fiscalía de Costa Rica archivó el primer atentado contra Joao Maldonado?

El patrón de los 12 casos contra exiliados

Nicaragua Actual reconstruyó 12 casos de homicidios, atentados, agresiones y persecución contra nicaragüenses ocurridos en Costa Rica entre 2018 y 2025. Se revisó documentación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y el Poder Judicial, y se contrastó esa información con testimonios de víctimas, familiares y organizaciones que trabajan con la población nicaragüense exiliada.

Los casos de Jaime Ortega y Wilfredo Moreno muestran una respuesta judicial desigual en Costa Rica con los crímenes contra exiliados nicaragüenses identificados como opositores. Entre ambos extremos de los casos analizados aparece un expediente archivado, siete causas todavía abiertas y solo tres casos avanzaron hasta la identificación de los sospechosos de los ataques.

La revisión de los documentos y las respuestas oficiales arrojan que solo el segundo atentado contra Joao Maldonado y Nadia Robleto, y en el asesinato de Wilfredo Moreno los responsables materiales fueron judicializado. El único con sentencia condenatoria es el crimen de Moreno.

El común en los 12 casos de este reportaje es que en ninguno las autoridades han esclarecido quiénes ordenaron los ataques y no todos los identificados como involucrados materialmente han sido acusados ni judicializados. Sin embargo, la revisión periodística identificó que las víctimas tenían el perfil de ser opositores, activistas o personas que habían denunciado persecución por el régimen Ortega Murillo.

Atentados y asesinatos

Giancarlo Díaz Sevilla llevaba apenas unas tres semanas en Costa Rica cuando fue asesinado; Rubén Amado Loáisiga Rodríguez había sido perseguido y asesinado en la frontera costarricense por miembros del Ejército de Nicaragua; y Roberto Samcam, exmayor del Ejército, fue asesinado en su apartamento de Movaria, en San José.

Nueve de los exiliados tenían el reconocimiento de refugiado por el gobierno de Costa Rica cuando fueron atacados.

Los modos de operar fueron identificados fueron ataques dirigidos, sicarios en motocicletas, varios vehículos involucrados, seguimiento previo de las víctimas y ataques repetidos contra una misma persona, como en el caso de Joao Maldonado y el de Reinaldo Picado Miranda, quienes sobrevivieron a dos atentados. Mientras Raiza Hope, activista, sufrió un intento de secuestro y dos intentos de asesinato.

Michael Geovany Fonseca, barbero y opositor, fue interceptado por hombres en motos que lo amenazaron con un arma y le dijeron que sabían quién era; Harold Cruz fue atacado por enmascarados que huyeron sin robarle; Luis Alberto Olivas Aguilar, fue asesinado en una emboscada junto a un exagente de inteligencia costarricense, pero la policía señaló que Olivas fue el blanco principal. David Enrique Velázquez, hermano de un opositor, sobrevivió al atentado de sujetos que lo persiguieron y dispararon desde un vehículo.

¿El vínculo político se toma en cuenta?

Sin embargo, en la mayoría de los casos examinados, no se permite establecer que el móvil político o los antecedentes de persecución por el régimen Ortega Murillo hayan sido incorporados en la investigación por parte del OIJ, el Ministerio Público o en los procesos en aquellos casos que llegaron a los tribunales.

Aunque el crimen de Rubén Loáisiga, ocurrido el 26 de agosto de 2019, plantea la interrogante: ¿por qué la posible participación de grupos nicaragüense fue reconocida y hasta causó protesta de parte del Gobierno de Costa Rica hacia Managua, pero en otros ataques contra opositores esa hipótesis no adquirió el mismo peso?

“Costa Rica consideró un hecho de enorme gravedad el generado por las acciones de seis efectivos del Ejército de Nicaragua que penetraron al territorio costarricense“, protestó la Cancillería a Managua el 27 de agosto de 2019.

Ese reclamo diplomático ha sido la única vez que el gobierno de San José aludió una posible represión transnacional del régimen Ortega Murillo en su territorio.

“Según confirmaron testigos que presenciaron los hechos”, los militares “dieron muerte en este sitio al ciudadano nicaragüense de nombre Rubén Loáisiga, cuyo cuerpo quedó en la zona, y regresaron posteriormente al territorio de Nicaragua”, reza la nota oficial.

Siete años después, no hay avances sobre el crimen de Rubén Loáisiga.

“Halcón Uno”, el campesino acribillado

“Es importante señalar que en todos estos casos, ninguno ha sido esclarecido (…) incluyendo el caso de Jaime Luis Ortega, ninguno de estos casos de ejecuciones ha sido esclarecido acá en Costa Rica”, dijo a Nicaragua Actual, Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Lo que afirma tiene sustento. De acuerdo con la información remitida por el Poder Judicial a Nicaragua Actual, la causa 24-000819-0798-PE sobre el asesinato de Jaime Ortega, asignada a la Sección de Homicidios del OIJ, sigue “en investigación” y “contra ignorado, es decir, no hay personas imputadas individualizadas”.

Al amparo del artículo 295 del Código Procesal Penal de Costa Rica —que protege el secreto de las actuaciones—, las autoridades declinaron brindar mayores detalles de por qué no hay avances de este caso.

Sin embargo, la familia de Jaime Luis tiene otra información. “Hace poco (finales de agosto) mi hija fue con el abogado a la OIJ y le dijeron que hay dos sospechosos (pero) que no los han agarrado”, afirmó su viuda Martha Rugama.

Este crimen tiene las características de otros atentados contra opositores nicaragüenses exiliados como es el seguimiento, espionaje y sicariato. También tiene en común que, inicialmente, el OIJ manejó la hipótesis de un ‘ajuste de cuentas’ entre grupos de narcotraficantes o de prestamistas informales bajo el esquema conocido en Costa Rica como el negocio del ‘gota a gota’.

Rugama niega cualquiera de estas hipótesis. “Contrataron a sicarios y carros caros, andaban una arma que agarraba como 20 tiros y que no falló. (…) A él (Jaime) lo engañan diciéndole que le iban a comprar unas artesanías”, afirmó.

La activista nicaragüenses Rayza Hope durante una protesta. Foto: Cortesía

Rayza Hope, tres ataques sin respuesta

“Nos están buscando para matarnos”, denuncia Rayza Hope — cuyo nombre legal es Marbia Padilla— quien se refugió en Costa Rica en septiembre de 2018, después de huir de Nicaragua por la represión debido a su activismo político. En 2021 fue forzada a irse a otro país tras sufrir tres ataques en San José, la capital costarricense.

Al publicarse este reportaje no hubo información de parte de las autoridades sobre cuánto han avanzado las investigaciones de los ataques de la cofundadora de la Articulación de Feministas en el Exilio (AFEX).

En febrero del 2019, la activista sufrió un intento de secuestro a plena luz del día en el Barrio Chino. Mientras en marzo del 2021 tres hombres armados, asegura, con acento nicaragüense ingresaron a su floristería, la encañonaron y amenazaron con matarla a ella y a su esposo.

“Parece que después de las actividades políticas me siguieron y sabían dónde vivía”, afirmó Rayza a Nicaragua Actual.

Ese segundo ataque fue después de que denunciara en una actividad en la Asamblea Legislativa de Costa Rica que el régimen Ortega Murillo tenía presas políticas. Según la opositora, lo primero que pidieron los agresores fue su documento de identidad.

“¿Por qué un asaltante te va a pedir tu identificación? Lo que pensamos es que estaban asegurándose de que éramos las personas que estaban buscando”, dijo.

Represión transnacional

Los ataques a Rayza los califica el Colectivo Nicaragua Nunca Más como parte de la represión transnacional del régimen Ortega Murillo contra los opositores exiliados.

“Conocemos el trabajo de vigilancia previa, que se fotografía a las personas, seguimientos, vehículos que se estacionan frente a las casas de personas acá en Costa Rica, incluso en algunos casos han llegado a ingresar a las casas y dejar amenazas”, detalló Valdivia.

La OIJ trató el segundo ataque a Rayza como un intento de robo sin tomar en cuenta el primer antecedente de secuestro. Ella asegura que uno de los oficiales le dijo que “en ese momento no me podían poner atentado político extraterritorial porque no hay pruebas de que hubieran presencias del Frente Sandinista en Costa Rica”. Por eso lo habrían clasificado como un delito menor.

Según su testimonio, el OIJ logró identificar el vehículo utilizado por los agresores y localizar a su propietario, pero la investigación no avanzó después de que este fuera desvinculado del hecho.

“Denuncié muchas veces que (en Costa Rica) hay presencia de paramilitares, de hordas sandinistas, estamos sufriendo persecución transnacional”, afirma Rayza.

En julio de 2021, comenzó a recibir amenazas y a notar nuevamente la vigilancia de sujetos en un vehículo color blanco fuera de su floristería. Entonces, Rayza había participado en el cabildeo ante el Congreso de los Estados Unidos para la aprobación de la Ley RENACER, que impulsó sanciones al régimen Ortega Murillo por violaciones a los derechos humanos.

El 3 de octubre de 2021 sufrió un tercer atentado. Un hombre armado entró a la floristería y gritó: “ya era demasiado, que dejáramos de joder y que nos iba a matar”, recuerda. Rayza lo interpretó como un mensaje de sicarios del régimen.

El atacante huyó después de un forcejeo en el que Rayza recibió “un golpe en la parte derecha frontal arriba de la frente” que la dejó inconsciente.

Tras ese ataque, afirmó, a su negocio llegaron oficiales identificados como parte de la seguridad o inteligencia de Costa Rica. Uno de ellos, según la activista, “me dijo que no podía el gobierno de Costa Rica aceptar la presencia de militares sandinistas o de hordas sandinistas en su territorio, porque ese ya sería un problema de seguridad nacional, y que se estaba manejando a en ese momento en investigaciones”.

“Esta información que te estoy dando es la que él, el oficial, que no tengo el nombre, pero lo reconozco si me lo pones de frente”, asegura.

Nicaragua Actual no pudo corroborar de manera independiente esa información.

Wilfredo Moreno Tinoco fue secuestrado y luego ejecutado. Foto: Cortesía

Un asesinato resuelto

El 19 de agosto de 2021, Wilfredo Moreno Tinoco fue secuestrado junto a una mujer de apellidos Aronez Portuguez y un hombre de apellido Valverde, en el sector de Tirrases en Curridabat, según información judicial y los registros periodísticos. Los trasladaron hasta La Uruca, donde la madrugada del 20 de agosto Moreno Tinoco fue ejecutado de varios disparos en la cabeza, tórax y espalda, según el OIJ.

Aronez y Valverde fueron heridos de bala en las extremidades pero sobrevivieron.

El caso responde al expediente 21-000941-0053-PE a cargo de la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José. La investigación identificó a cuatro responsables, a tres de los cuales se les impuso “una pena a cada imputado de 79 años de prisión” por el asesinato del nicaragüense, informó el Ministerio Público a Nicaragua Actual.

“El 17 de julio de 2023, tres hombres de apellidos Rojas, Sandoval y Chaves fueron declarados responsables de los delitos de privación de libertad agravada en concurso ideal, homicidio calificado y dos delitos de tentativa de homicidio calificado”, detalla.

Debido a que en Costa Rica el límite máximo de pena de prisión que una persona puede descontar es 50 años, según el Código Penal, ese es el tiempo que Rojas, Sandoval y Chaves permanecerán en la cárcel por el asesinato de Wilfredo Moreno Tinoco.

“La sentencia está firme y en fase de ejecución. Otro imputado, de apellido Morales, tiene juicio señalado para septiembre de 2027”, precisó el Ministerio Público.

Dos a juicio

En el caso de Luis Olivas Aguilar, expediente 21-000161-0053-PE, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada informó a Nicaragua Actual que hay una persona de apellido Alegría acusada por el asesinato del opositor nicaragüense.

“Se realizó audiencia preliminar, donde la Fiscalía solicitó elevar el caso a Juicio. Se está a la espera de la resolución del Juzgado Penal”, informó el Poder Judicial.

También señaló que “podrían existir más personas involucradas”. Se declinó brindar mayores detalles invocando el artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece restricciones sobre la divulgación de las actuaciones de la investigación.

El eventual proceso contra el único imputado en el asesinato de Luis Olivas; el juicio que enfrentaría la cuarta persona acusada de participar en el crimen de Wilfredo Moreno; y el juicio contra el sicario que disparó contra Joao Maldonado y su pareja, Nadia Robleto, en el segundo atentado, son los únicos casos de los 12 crímenes contra nicaragüenses exiliados con un posible móvil político transnacional, que han llegado a los tribunales costarricenses.

Los otros nueve permanecen sin avances en las investigaciones.