Estados Unidos advierte a la dictadura: “las acciones de Ortega tendrán consecuencias”

“Nicaragua no está olvidada. Las acciones de Ortega tendrán consecuencias“, declaró la congresista republicana de la Florida, María Elvira Salazar, durante una audiencia dedicada exclusivamente a Nicaragua celebrada el martes, 15 de septiembre, en la que habló en calidad de presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental.

“Nicaragua será la siguiente. Está en la misma lista negra que Cuba —desde enero sometida a un bloqueo petrolero— y Venezuela —subyugada tras la extracción del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero—. Los observamos“, advirtió Salazar directamente a los codictadores, quien aseguró que el país es aún una prioridad incluso si no figura visiblemente en los discursos.

La audiencia fue titulada Enfrentando al régimen totalitario de Ortega-Murillo,  con Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta para Centroamérica y Asuntos Migratorios del Departamento de Estado, como testigo único.

Salazar, republicana por el XXVII Distrito de la Florida, abrió la sesión señalando que existe un cambio sustancial en la política de Estados Unidos hacia América Latina bajo la administración del presidente Donald Trump y colocó a Nicaragua junto a Cuba y Venezuela como parte de los regímenes que Washington está observando.

“Hay un país y un dictador que no hemos mencionado últimamente, y ese es Nicaragua y Daniel Ortega”, afirmó Salazar, recordando que Ortega anunció 19 de julio que no volvería a celebrar elecciones presidenciales competitivas y acusó al dictador de actuar como si Nicaragua fuera una propiedad personal.

La congresista también enumeró acciones atribuidas al régimen, como el encarcelamiento de candidatos presidenciales en 2021, la desaparición de de líderes sociales y políticos, la expulsión de opositores y miembros del clero, el cierre de organizaciones de la sociedad civil y universidades; y la persecución de la Iglesia católica.

Entre los casos mencionados estuvo el del líder miskito Brooklyn Rivera, quien murió bajo custodia estatal.

Un problema de seguridad nacional

Salazar añadió otro elemento que ocupó buena parte de la audiencia: el creciente acercamiento de Managua con China y Rusia. En particular, cuestionó la participación china en la ampliación del aeropuerto de Punta Huete, proyecto estimado en unos 500 millones de dólares, y las implicaciones del acceso chino a infraestructura estratégica ubicada en Nicaragua.

También mencionó las concesiones mineras otorgadas a intereses chinos y el acceso al puerto en Corinto, además de la creciente cooperación militar entre Managua y Moscú. Salazar insistió en que estas relaciones ya no representan únicamente un problema de derechos humanos o democracia, sino una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos.

Ortega en la mira de Trump

Quintana-Lovett confirmó que Nicaragua forma parte de la agenda de la administración Trump. Explicó además que la política que Washington pretende aplicar durante los próximos meses, “una combinación de sanciones agresivas y presión diplomática bilateral y multilateral”, afirmó.

La funcionaria añadió que uno de los pilares de la política estadounidense es la “cero tolerancia a estados parias y antiamericanos”, y señaló expresamente que esa política “incluye a Nicaragua”.

Quintana-Lovett describió además la transformación de Nicaragua desde 2018 como la creación de un “Estado policial unifamiliar”, respaldado, según dijo, por adversarios de Estados Unidos y elementos criminales y corruptos.

El congresista demócrata Joaquín Castro, miembro de mayor rango del subcomité, también cuestionó la respuesta estadounidense. Castro reconoció que las sanciones impuestas por Washington son importantes, pero sostuvo que durante la última década Ortega y Murillo han continuado ejerciendo poder dictatorial a pesar de las mismas.

Según el congresista, Managua ha aprendido a operar alrededor de esas medidas y a mover dinero mediante China, Rusia y otras redes. También sostuvo que la crisis nicaragüense no puede ser considerada exclusivamente un asunto interno, debido a sus efectos sobre la estabilidad democrática de Centroamérica.

La sesión se produjo apenas dos semanas después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara en primera legislatura la reforma estructural impulsada por los codictadores, que amplía los períodos de los principales cargos públicos y modifica las reglas de participación política y electoral para excluir a la oposición.