Concesiones mineras a China devoran los territorios indígenas de Nicaragua

Mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo abandera a diario la “soberanía” y el “antiimperialismo”, su política sobre los recursos naturales revela una paradoja: ningún otro país de la región entrega tanto su territorio al capital extranjero, en particular, y en años reciente, al que viene de la República Popular China.

China se ha convertido en uno de los principales beneficiarios de esa política, con concesiones mineras que ya abarcan alrededor de 1.5 millones de hectáreas, incluidas extensiones de territorios indígenas y áreas protegidas.

Nicaragua ha cedido el 25% de su superficie a concesiones extractivas. Desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China en diciembre de 2021, el capital chino se convirtió en el principal beneficiario de un sistema minero tan permisivo como opaco, equivalentes al 12.5% del territorio nacional, según la ambientalista Fundación del Río.

“Nicaragua es el país que ha otorgado más permisividad, más acceso a China a espacios estratégicos e incluso a espacios de soberanía en su territorio», sostiene César Santos, investigador y politólogo especializado en la influencia autoritaria de China y Rusia en Hispanoamérica, en entrevista con Nicaragua Actual.

Santos insiste en señalar que “el régimen Ortega Murillo, más allá de su narrativa habitual de soberanía y antiimperialismo, lo que está haciendo más bien es entregar esta misma soberanía a China y, en menor medida, a Rusia», su otro socio.

Acelerada expansión en territorios indígenas 

La expansión ha sido rápida. Un corte anterior del Atlas de concesiones mineras de Fundación del Río, correspondiente a junio de 2026, registraba 84 concesiones otorgadas a 22 empresas de capital chino, por más de 1.27 millones de hectáreas. Para agosto eran 1.5 millones de hectáreas.

La diferencia entre ambos cortes refleja el ritmo de nuevas adjudicaciones.

Pero el número que mejor revela la dimensión del problema no es solamente el de hectáreas. Según el recuento más reciente de Fundación del Río utilizado para este reportaje, existen 91 lotes asociados a 23 empresas mineras chinas y al menos 62 lotes mineros dentro de territorios indígenas; 25 de estos lotes pertenecen a empresas chinas y afectan unas 600,000 hectáreas.

La pregunta, entonces, no es solamente cuánto territorio ha sido concesionado. Es cómo fue posible llegar hasta allí.

El territorio indígena quedó en medio

La expansión china adquiere otra dimensión cuando se superponen los polígonos mineros con los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

“China no es un Estado que esté interesado en que haya una competencia leal o un respeto al medio ambiente, o un respeto a los derechos de las comunidades, o un respeto a los derechos laborales”, reclama un representante de la organización Prilaka en entrevista con Nicaragua Actual.

El recuento de Fundación del Río identifica al menos 62 lotes mineros dentro de territorios indígenas; 25 de ellos corresponden a empresas chinas, con una afectación estimada en unas 600,000 hectáreas.

La Ley 445 reconoce un régimen especial de propiedad comunal en las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua. Sin embargo, el régimen violenta esas normas al aprobar la expansión de concesiones mineras chinas que afectan territorios de pueblos miskitos y mayangnas y procesos de consulta cuestionados por las comunidades.

Para las comunidades, la tierra no representa solamente un activo económico.

“Cuando uno tiene acceso al territorio y puede sembrar y puede cazar, el nivel de autonomía que te da eso es de un nivel muy potente”, afirma el representante de Prilaka. Cuando esa posibilidad desaparece, y con la amenaza de los colonos añade, aumenta la precarización del empleo, el desplazamiento y el exilio de los comunitarios.

Trabajadores chinos quitan empleo a comunitarios

Y en el caso de la minería, ciudadanos como Bernabé – un comunitario que habló a Nicaragua Actual bajo pseudónimo – describe condiciones laborales que están muy por debajo de las ya de por sí difíciles que caracteriza a la minería. A esto se suma el desplazamiento de  la mano de obra local por trabajadores chinos.

“Toda inversión china que implica desarrollo de infraestructura, extracción de recursos naturales, por lo general se hace a través de trabajadores chinos, por lo cual la mano de obra local queda desplazada”, explica el investigador Santos.

No es posible precisar el tamaño de la población de trabajadores chinos en el sector minero en Nicaragua, debido a la opacidad del régimen y de las empresas involucradas.Tampoco existen datos confiables sobre el impacto ambiental de estos negocios.

“El nivel de impacto en el caso de Nicaragua no existe, o al menos no está documentado. Tendría que mostrarse un estudio de impacto ambiental y eso no existe en este momento”, cuestiona el investigador de la organización Wangki.

Para Evan Ellis, especialista del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, la falta de información es parte de un problema más amplio. “Hay opacidad en los contratos, las tasas de intereses, quienes han lucrado los beneficios en falta de supervisión, en falta de cumplir con las reglas medioambientales”, afirmó en entrevista con Nicaragua Actual. 

Equipo decomisado por oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica a mineros ilegales cerca de la frontera con Nicaragua, durante la primera semana de febrero de 2026. Millones de dólares en equipos y efectivo, así como armas de fuego, han sido incautados durante la campaña contra la minería ilegal. Foto: Fuerza Pública de Costa Rica.

Mineras chinas solo dejan contaminación

La dictadura de Ortega y Murillo eliminó la obligación de los estudios de impacto ambiental otorgar las concesiones mineras. De esta forma dejó sin fiscalización el uso de químicos pesados en una red hídrica de más de 1,900 kilómetros expuesta a las concesiones. 

Investigaciones de la Red Internacional para la Eliminación de Contaminantes (IPEN) revelaron que en zonas de minería aurífera artesanal en Nicaragua, las concentraciones de mercurio en mujeres en edad reproductiva superaron en promedio 1.5 veces el límite seguro de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su siglas en inglés) de Estados Unidos, alcanzando picos individuales de hasta cuatro veces dicho umbral.

El uso de técnicas de lixiviación con cianuro y minería a cielo abierto altera irreversiblemente el ecosistema y amenaza la salud colectiva sin que existan mecanismos estatales de monitoreo.

“No sabemos si lo que van a utilizar son pilas de lixiviación —separación química del oro mediante disolvente químico— con cianuro, si van a utilizar mercurio, cuánta agua van a utilizar”, expone Ruiz.

Dictadura destruyó las leyes de protección ambiental

El entramado normativo que hoy ampara la operación china no es fortuito; responde a casi una década de reformas dirigidas a suprimir controles socioambientales. La creación de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) en 2017 otorgó al Estado participación directa en las concesiones. Ese mismo año, el Decreto Presidencial 20-2017 reformó el Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de Recursos que eliminó la consulta pública obligatoria para proyectos de impacto moderado (Categoría II). 

Y con  la Ley 953 se facultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a declarar “Área de reserva minera”  incluso sobre territorios comunales, violentando la Ley 445 de propiedad indígena. 

Posterior a las sanciones internacionales impuestas a ENIMINAS en 2022, la dictadura trasladó facultades a la Dirección General de Minas (DGM) y profundizó el desmantelamiento regulatorio: derogó los estudios de impacto ambiental obligatorios, abrió las reservas de biósfera de Bosawás e Indio Maíz mediante la reforma a la Ley 217 en 2025 y creó las Zonas Económicas Especiales (Ley 1264), otorgando exenciones fiscales absolutas a ese capital extranjero.

Un representante de la organización Wangki, que prefiere el anonimato para evitar represalia, explica a Nicaragua Actual que en ese período los principales beneficiarios eran las empresas de capital canadiense, estadounidense y colombiano.

Rosario Murillo junto a su hijo, Laureano Ortega Murillo (al centro), y delegados chinos durante la XVII Cumbre Empresarial China – América Latina en Managua. 18 de noviembre, 2024. Foto: Medios Oficialistas.

“Eso puede servirle al gobierno. Mientras todo el mundo está peleando en señalar a los chinos, los actores tradicionales y otros nuevos siguen operando, siguen funcionando y, al final, también siguen vendiendo, exportando oro nicaragüense», refiere Wangki.

El ocaso en la Yamni Tasba

Pero en las comunidades indígenas se enfrentan a la invasión de las empresas chinas que solo dejan precariedad. “La gente no tiene recursos”, lamenta Bernabé.

La militarización, las invasiones de colonos, la expansión de la minería y la ganadería y la represión, de forma interconectada y con el apoyo tácito —y, en algunos casos, directo— de la dictadura, han desarticulado durante más de dos décadas el modo de vida de los pueblos originarios del Caribe.

“Están cambiando mucho las condiciones”, reconoce Prilaka. “La presión de nosotros, del pueblo miskito, del pueblo mayangna, del pueblo rama (y otros) es altísima. Y somos pueblos que hemos logrado sobrevivir a muchas situaciones difíciles los últimos quinientos años, pero estamos enfrentando unas amenazas y un contexto que nunca en nuestra historia habíamos enfrentado”.

El golpe ha alcanzado las formas de subsistencia. Wangki lo define como “incorporación adversa”»: “te meten a un modelo de producción, pero al final los beneficios que recibís no necesariamente son beneficios». Esto ocurre por un intercambio profundamente desigual con la comunidad, por la alteración de su modelo de vida o por ambas.

Bernabé y Prilaka coinciden en que la tierra es mucho más que un recurso para los pueblos originarios del Caribe nicaragüense. Es sustento, identidad y vínculo con los antepasados. “No es lo mismo para el mestizo que lo ve como una oportunidad económica”, explica Bernabé.

Soldados del Destacamento Norte del Ejército de Nicaragua asisten en operaciones de sofoque de un incendio al noroeste de Puerto Cabezas. 2 de febrero, 2024. Foto: Ejército de Nicaragua.

Minetras Prilaka recuerda que cuando el comunitario “tiene acceso al territorio y puede sembrar y puede cazar, el nivel de autonomía que te da eso es de un nivel muy potente para hacerle frente a estos procesos; pero cuando te obligan a depender más bien de trabajar del colono o irte al exilio, la situación cambia”, lamenta.

La pérdida del territorio también amenaza la transmisión de la identidad de las comunidades indígenas. “La transmisión de la cultura, que es de forma oral, se rompe. Ahora muchos padres no están con sus hijos, muchas madres se quedan solas”, explica. “Pronto los vecinos son mestizos y se burlan de tus hijos por hablar el idioma local”.

Prilaka sabe que debe, junto con su comunidad, «encontrar maneras de hacerle frente a estos procesos que están amenazando nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro control del territorio, entre otros factores que son muy importantes».

La tarea pesa tanto como las 217 toneladas de oro extraíble estimadas bajo un suelo que muchos de ellos hace tiempo no pisan: el territorio de sus antepasados, entre el río San Juan y el río Coco.

Pero la amenaza, advierte Ellis, trasciende a los pueblos originarios. “En este momento son los indígenas (los más afectados), pero a largo plazo, sin transparencia, sin instituciones competentes y sin un estado de derecho, nadie está seguro de lo que desean los sandinistas”, concluye.