Gustavo Porras: “sólo nicaragüenses honestos” podrán participar en política tras reformas de la dictadura
Según el operador de la dictadura a la cabeza del Legislativo, sólo aquellos ciudadanos que la dictadura considere “honestos” podrán participar en política tras las reformas.
Gustavo Porras, presidente sandinista de la Asamblea Nacional, durante una entrevista divulgada por Sputnik. 22 de julio, 2026.
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El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, reiteró que la reforma anti-electoral excluirá de manera expresa a los opositores que el oficialismo considere “golpistas”, al insistir en que sólo podrán participar quienes sean considerados “nicaragüenses honestos”, un criterio que no dejó claro desde el régimen.
Porras ha mantenido una línea similar desde que inició el proceso de “consultas” para reformar la constitución del régimen, apenas dos semanas después de que Daniel Ortega afirmara que en el país “no volverá a haber elecciones”, una declaración que provocó una ola de condenas internacionales.
“Van a haber elecciones. Sí, hay diferentes partidos políticos“, afirmó Porras el 3 de agosto al responder a las críticas surgidas tras el discurso del 19 de julio. Sin embargo, inmediatamente dejó claro que la apertura política tendrá límites definidos por la dictadura.
“No vamos a permitir que golpistas y que todos esos bandidos participen. No, la ley dice que no. La ley va a decir que no“, aseguró el dirigente sandinista. Porras sostuvo que únicamente podrán competir quienes el régimen considere ciudadanos “honestos”, independientemente de su ideología.
“Los nicaragüenses, todos los nicaragüenses honestos, independientemente de su pensamiento político, sí pueden participar“, afirmó, ocultando la criminalización que el régimen ha impuesto sobre cientos de ciudadanos a los que nunca demostró delito alguno.
Según el presidente del Legislativo, la exclusión de sectores opositores responde a la necesidad de preservar “la estabilidad, la seguridad y la paz” del país. “¿Por qué esto? Porque necesitamos estabilidad, necesitamos seguridad y necesitamos paz“, agregó, reproduciendo el discurso de la codictadora Murillo.
El proyecto también contempla ampliar de seis a siete años el período presidencial y establecer que ese mandato sea renovable, sin especificar el mecanismo mediante el cual pueda validarse esta “renovación”, consolidando así la permanencia indefinida de Ortega y Murillo en el poder a juicio de distintos observadores nacionales e internacionales.
A la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y varios gobiernos del continente han advertido que las reformas eliminan las condiciones necesarias para la competencia política y la alternancia democrática, al impedir la participación de sectores opositores y consolidar el control absoluto del poder por parte de la dictadura.