La reforma anti-electoral de la dictadura, explicada por el propio Gustavo Porras

El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, presentó ante la cúpula del Ejército —encabezada por el general Julio César Avilés— los ejes de una nueva reforma constitucional que ampliará a siete años los períodos de todos los cargos de elección popular y de varios cargos de designación estatal, y que elevará a rango constitucional la exclusión de opositores calificados como “golpistas” o “traidores a la patria”.

Según explicó Porras y la codictadora Rosario Murillo antes que él, la reunión con las fuerzas militares fue la primera consulta del proceso, antes de cualquier otra discusión pública o con otros sectores de la sociedad. El operador aclaró que el objetivo es acatar el mandato del dictador Daniel Ortega en su discurso del 19 de julio, cuando proclamó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

La iniciativa llega apenas veinte meses después de que Nicaragua aprobara, en noviembre de 2024, una reforma que ya había estirado el mandato presidencial de cinco a seis años, aplazado a noviembre de 2027 las elecciones que debían celebrarse este año, y creado la figura de la “copresidencia” entre Daniel Ortega y su esposa, Murillo.

Aquel texto —conocido entre parte de la prensa independiente como la constitución “chamuca”— subordinó a la presidencia a todos los órganos del Estado bajo un modelo de “coordinación”, entre otros cambios. La reforma que ahora se discute profundiza ese mismo camino, atacando directamente los mecanismos de elección y representación ya de por sí adulterados por el sandinismo.

Según el propio Porras detalló a los militares, la propuesta se resume en cuatro bloques:

1. Quién no podrá ser candidato ni funcionario. Se reforma el artículo 47 de la Constitución, que regula los derechos políticos. Al texto vigente se le añaden categorías nuevas y expresamente enumeradas: no podrán postularse a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos por designación presidencial o de la Asamblea quienes sean considerados “golpistas”, “traidores a la patria”, o quienes hayan incurrido en actos que “menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua” según estipulaciones previas de la dictadura.
   Porras fue explícito en que la categoría de “golpista” no se limita a quien participó directamente en algún hecho, sino que alcanza a “todo aquel que financie” o “que ha participado”, así como a quienes viven “pidiendo intervención militar” o “bloqueos” contra el país, o que “aplauden” sanciones internacionales.
2. Mandatos de siete años, para elegidos y para designados. El segundo eje amplía a siete años el período de todos los cargos de elección popular (presidencia, diputados, alcaldías, consejos regionales) y también el de una veintena de cargos que hoy se nombran por designación presidencial o se eligen o ratifican en la Asamblea Nacional, entre ellos el comandante en jefe del Ejército y el director de la Policía Nacional, cuyos períodos actuales son de seis años, así como autoridades del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Consejo de Finanzas.
   Porras justificó la cifra apelando a la comparación internacional (mencionó a Irlanda, Italia y El Salvador como países con mandatos de seis años o más) y a la necesidad de “estabilidad” para sostener una supuesta “lucha contra la pobreza”.
3. Más poder al Consejo Supremo Electoral. Se reforma el artículo 152, que regula las atribuciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), en tres numerales. El CSE organizará y dirigirá las elecciones generales, municipales y regionales cada siete años, en fechas fijas distintas para cada tipo de comicio. Además, se le da la atribución expresa de negar personalidad jurídica a partidos políticos que se hayan constituido con financiamiento extranjero o cuyos directivos hayan “violentado” los principios fundamentales de la constitución, y de cancelar esa personalidad jurídica a partidos ya existentes bajo los mismos supuestos. También se amplían las sanciones electorales —incluida la pérdida de derechos políticos— a candidatos, funcionarios del propio órgano electoral y directivos de partidos.
4. Cambio de fecha de toma de posesión. La juramentación de las autoridades electas se trasladaría del 10 de enero al 18 de enero, fecha de nacimiento del poeta Rubén Darío, con la instalación de la Asamblea un día antes (17 de enero, en lugar del actual 9 de enero). Se trata de un gesto simbólico en línea con el estilo de estética de Murillo.

Notablemente, todas estas prohibiciones habrían impedido al Frente Sandinista constituirse como partido y participar en elecciones, dado que en su etapa guerrillera (1961-1979) buscó el derrocamiento armado de un gobierno, abogó por presiones políticas y económicas de potencias extranjeras contra el país y recibió financiamiento de la Unión Soviética. Ya como partido político (desde 1979) ha violentado en repetidas ocasiones no sólo la constitución de 1995, sino además sus propias reformas.

La presentación de Porras a los militares —según la transcripción difundida por medios oficialistas— dejó varios puntos sin precisar, y son justamente los que generan más dudas entre analistas y organizaciones nicaragüenses:

• ¿Cómo se “renueva” un mandato de siete años? Porras no explicó, en esta reunión, el mecanismo de renovación. Reportes de la reforma en su conjunto —basados en el anuncio hecho días antes al cuerpo diplomático— describen los períodos como “renovables”, una fórmula que juristas en el exilio han señalado como ambigua porque no implica necesariamente una nueva elección y, en principio, podría permitir prorrogar a los actuales copresidentes en el cargo sin que medie otra votación. Porras no resolvió esa duda en su intervención ante los militares y no hay registros públicos de que la cúpula de las Fuerzas Armadas cuestionase, indagase o propusiese algo en algún momento del encuentro.
• Extensión automática de los mandatos ya en curso. Porras fue explícito en un punto que suele pasar inadvertido: la reforma no solo fijará siete años para el futuro, sino que ampliará “de mero derecho”, es decir, de forma automática, por el solo hecho de aprobarse la ley, los períodos de las autoridades ya electas en los comicios más recientes y de los cerca de veinte cargos designados que hoy tienen mandatos de cuatro, cinco o seis años. Además, toda la legislación nacional vigente que mencione un período de funciones se entenderá “reformada” para leer “siete años”. No se explicó desde cuándo empieza a correr esa prórroga, ni qué ocurre con quien ya lleve en el cargo más tiempo del que ahora se establece como nuevo estándar.
• Quién decide que alguien es “traidor a la Patria” o “golpista”, y con qué garantías. Porras mencionó que existe “un procedimiento donde hay un Juez” que determina, al final, si una persona incurrió en esas conductas y pierde sus derechos políticos. No especificó ante qué tribunal, con qué criterios probatorios, ni si existe posibilidad de apelación o defensa. Tampoco se definió con precisión qué constituye “menoscabar” la soberanía o la autodeterminación, categoría que —según el propio Porras— incluye desde el financiamiento de actividades hasta pedir públicamente sanciones internacionales contra el país. Si la reforma simplemente contempla la realización de juicios penales bajo la legislación vigente, serían violatorios, de acuerdo a las denuncias de grupos opositores y organismos de derechos humanos a nivel internacional.
• El texto completo aún no es público ni el proceso transparente. Lo expuesto a los militares fueron, en palabras del propio Porras, los “conceptos” que luego se traducirán en artículos con el lenguaje técnico definitivo. A pesar de ser una convocatoria con amplios sectores, el proceso de “consultas” está ante todo orientado a generar la percepción de retroalimentación, puesto que los sectores convocados, naturalmente, dado el control del régimen, son todos en mayor o menor medida colaboradores del mismo. El trabajo de la reforma continuará, según Murillo, hasta principios de septiembre, pero de continuarse bajo este modelo, simplemente con comentarios divulgados de forma discontinua en medios oficialistas, el proyecto será esencialmente secreto dado que sus formas concretas no estarán abiertas al público sino hasta que este sea votado por la Asamblea, bajo control sandinista.

La reforma se da diez días después de que Ortega, en su discurso del 19 de julio por el aniversario de la consolidación de la Primera Dictadura Sandinista (1979-1990), afirmara que “no van a volver a haber elecciones” que permita a la oposición volver nunca más al poder.

Porras citó ese discurso como el mandato detrás de la propuesta y lo enmarcó como una decisión de “soberanía” frente a lo que el oficialismo considera décadas de injerencia extranjera en los procesos electorales nicaragüenses.

Cuestionó igualmente la legitimidad de las elecciones de 1990, asegurando que al pueblo de Nicaragua “le habían puesto una pistola en la cabeza”, en referencia a la presión geopolítica que Estados Unidos, en apoyo a la oposición nicaragüense, había impuesto contra la dictadura de ese entonces.

Gobiernos y organismos internacionales han reaccionado con rechazo y este ha ido acumulándose con el paso de los días. Estados Unidos advirtió que no se quedará “de brazos cruzados”, y convocó a una reunión urgente en la Organización de Estados Americanos (OEA) el mismo día de la reunión con los jefes militares.

Organizaciones de derechos humanos y opositores en el exilio, incluyendo a la mayoría de los aspirantes presidenciales de 2021 fueron encarcelados o forzados a salir del país antes de esos comicios, describen la iniciativa como el cierre definitivo de la competencia electoral en Nicaragua y un acción contra la forma de gobierno democrática sin precedentes en la historia del país.