CIDH repudia reforma contra las elecciones en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes el anuncio del dictador Daniel Ortega de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” y rechazó la reforma constitucional impulsada por la dictadura, al considerar que busca perpetuar a la pareja dictatorial en el poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones para la alternancia democrática.

En un comunicado divulgado el lunes, 3 de agosto, el organismo afirmó que “repudia las declaraciones realizadas por Daniel Ortega, en las que anunció que en Nicaragua ‘no volverá a haber elecciones’, así como la iniciativa de reforma… orientada a perpetuar el ejercicio del poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática“.

La CIDH se refirió a la iniciativa de reforma presentada parcialmente el 28 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la cual propone ampliar de seis a siete años el período de la “copresidencia” y convertirlo en un mandato “renovable”, además de elevar a rango constitucional las restricciones que impedirían participar en política a quienes el régimen califique como “golpistas” o “traidores a la patria”.

El organismo recordó que, según el cronograma oficial anunciado por el régimen, la propuesta será sometida a votación en primera legislatura el próximo 1 de septiembre. La Comisión advirtió que estas reformas representan un nuevo paso en la consolidación del modelo autoritario instaurado por Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

En ese sentido, señaló que “la nueva ampliación de los períodos de mandato de la copresidencia, la amenaza de eliminar la celebración de elecciones libres, auténticas y competitivas, así como la constitucionalización de restricciones al ejercicio de los derechos políticos, profundizan el proceso de consolidación autoritaria y de perpetuación en el ejercicio del poder mediante la eliminación de las condiciones necesarias para la alternancia democrática“.

La CIDH recordó además que ya había advertido sobre el deterioro institucional en Nicaragua en su más reciente informe anual, donde concluyó que la reforma constitucional aprobada en 2025 consolidó un sistema incompatible con la democracia representativa.

Según el organismo, aquella reforma, que modificó más de cien artículos de la constitución, eliminó en la práctica la separación de poderes y concentró el control del Estado en la figura de la copresidencia ejercida por Ortega y Murillo.

A juicio de la Comisión, tanto las reformas de 2025 como la nueva iniciativa violan el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege los derechos políticos, y contradicen los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.

Piden freno a la reforma

La CIDH instó al Estado nicaragüense a detener el proceso de reforma constitucional y a restablecer las garantías democráticas. El organismo pidió a las autoridades “abstenerse de adoptar reformas contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y restablecer las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos políticos, a fin de que la ciudadanía pueda elegir y ser elegida en elecciones libres, auténticas, periódicas y competitivas”.

Asimismo, alertó que en Nicaragua continúan las graves violaciones a los derechos humanos y sostuvo que la represión ejercida por el régimen ha trascendido las fronteras nacionales. La Comisión afirmó que “la represión transnacional del régimen se ha intensificado” y señaló que esta situación, sumada a la migración forzada de miles de nicaragüenses y al impacto del crimen organizado en la región, genera desafíos de seguridad para otros Estados del continente.

En esa línea, la CIDH exhortó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), institución de la cual depende, a utilizar los mecanismos previstos en el sistema interamericano para responder al deterioro democrático en Nicaragua.

En su pronunciamiento reiteró el llamado a los países del hemisferio para que, conforme a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, activen las herramientas disponibles que permitan contribuir “al restablecimiento de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua”.

Estados Unidos convocó a una reunión urgente del Consejo Permanente de la institución, que está programada a convenir el 5 de agosto.