Dictadura suspende credenciales de por lo menos dos mil abogados

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría suspendido a por lo menos dos mil abogados licenciados en Nicaragua, eliminando sus credenciales y revocando su acceso al sistema de archivo y seguimiento de causas judiciales Nicarao. El reporte fue confirmado a Nicaragua Actual por un abogado afectado, bajo condición de anonimato.

El golpe fue denunciado el jueves, 9 de julio, pero la dictadura no ha proporcionado ninguna explicación o siquiera reconocimiento de la situación. De tal forma, los abogados descubrieron que habían sido suprimidos del registro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hablando entre ellos y no a través de un anuncio oficial.

Los afectados incluyen tanto a abogados que operan dentro del país como a algunos que se encuentran exiliados. A estos el sistema de registro les devuelve en mensaje de “no encontrado”; es decir, que no los ubica, como si nunca hubieran ejercido, a pesar de llevar en la profesión por décadas en algunos casos.

La única orientación que recibieron algunos es que “para consultar y regular su situación ante la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios Públicos” deben remitir un correo electrónico a la institución y esperar orientaciones de la autoridad.

La medida ha sido interpretada por abogados consultados como una nueva forma de depuración política dentro del gremio jurídico, al impedir que los profesionales puedan ejercer plenamente su carrera sin que exista, hasta el momento, una resolución pública o un procedimiento legal conocido que justifique las suspensiones.

Una fuente del sector jurídico, que solicitó mantener el anonimato por temor a represalias, denunció que la exclusión masiva del registro profesional constituye una “grave vulneración de los derechos de los abogados y notarios”, quienes estarían siendo apartados del sistema “por razones presuntamente vinculadas a su identificación o supuesta afinidad con la oposición política“.

Según explicó, a ninguna de las personas afectadas se les ha informado sobre el inicio de algún procedimiento administrativo o disciplinario que sustente la decisión.

“La Corte Suprema dispone de los datos de contacto de todos los abogados inscritos y utiliza regularmente el correo electrónico y aplicaciones de mensajería para comunicaciones institucionales. Sin embargo, en este caso no hubo ninguna notificación individual ni explicación oficial“, señaló.

Constitución reconoce el derecho a ejercer la profesión

La fuente recordó que, pese a las reformas estructurales impulsadas por el régimen desde 2025 y la proclamación de una “Nueva República” como un “Estado Revolucionario”, la propia Constitución vigente continúa reconociendo el derecho de los nicaragüenses a ejercer su profesión.

En ese sentido, citó el artículo 78 de la constitución sandinista, que establece que: “toda y todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer su profesión u oficio sin más requisitos que el título académico o sus conocimientos y que cumpla una función social, de conformidad con la Constitución y las leyes”.

A juicio del jurista, eliminar a abogados y notarios del registro oficial sin un procedimiento previamente establecido vulnera el derecho al trabajo y al ejercicio profesional, además de poner en entredicho garantías como el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa.

“La ausencia de un listado oficial de los abogados eliminados, de resoluciones debidamente motivadas y de mecanismos efectivos para impugnar estas decisiones genera una profunda incertidumbre jurídica y alimenta la percepción de actuaciones contrarias a los principios de legalidad, transparencia y debido proceso que deben regir a toda autoridad pública“, advirtió.

Denuncian listas de abogados identificados como opositores

La fuente también afirmó que desde distintos municipios del país se ha reportado la elaboración de listados de abogados considerados opositores al régimen, los cuales presuntamente estarían siendo utilizados para restringir el ejercicio profesional y cerrar oportunidades laborales.

“De confirmarse estas prácticas, podrían constituir una forma de discriminación por motivos políticos incompatible tanto con la constitución como con los principios de igualdad ante la ley y no discriminación“, sostuvo.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que cualquier medida que afecte el ejercicio profesional de abogados y notarios sea adoptada “mediante procedimientos legales, transparentes, debidamente motivados y respetuosos del derecho de defensa y del debido proceso”.