Más de 30 organizaciones opositoras convergen en un llamado a la unidad contra la dictadura
36 organizaciones opositoras, incluyendo las directivas de varios partidos políticos prohibidos en Nicaragua por la dictadura, firmaron la proclama.
Imagen de uno de los eventos realizados por opositores simultáneamente el 18 de abril, 2026, en Los Ángeles, Indianápolis, Miami y Londres, conmemorando el VIII aniversario del estallido social.
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Una amplia coalición de organizaciones políticas de base de la diáspora nicaragüense hicieron de forma conjunta, en ocasión del aniversario del estallido social de 2018 el 18 de abril, un llamado unitario para convertir 2026 en el año decisivo para poner fin “al sufrimiento y la barbarie” ocasionado por la dictadura sandinista.
En el texto, abril aparece reivindicado como “un mes sagrado en la memoria cívica de Nicaragua“. Los firmantes honran de manera explícita a las víctimas de la represión de abril de 2018, mencionando por nombre a varios de ellos, y subrayan que representan a miles de víctimas de una represión que, afirman, continúa hasta hoy.
El documento describe al régimen sandinista como un aparato de control represivo que carece de legitimidad democrática, moral y legal. Lo califica de modelo agotado de autoritarismo, corrupción y crimen, sin viabilidad política interna ni espacio en el nuevo orden internacional que se consolida en el hemisferio occidental.
Según la proclama, lo que existe en Nicaragua es un sistema que ha tomado las instituciones, perseguido a la ciudadanía, despojado de nacionalidad a opositores, confiscado universidades, clausurado organizaciones sociales y criminalizado toda forma de disenso.
Los Ortega-Murillo, dicen, son “una anomalía vergonzosa en América que ha llegado a su etapa terminal“.
Los firmantes asumen el compromiso de devolverle al pueblo el ejercicio de su soberanía mediante la coordinación efectiva y constante de acciones consensuadas. Entre las medidas que proponen destacan:
- redoblar los esfuerzos por la liberación plena e incondicional de todas las personas presas por razones políticas y de las que se encuentran en condición de desaparición forzada,
- impulsar planes de acción cívica y no violenta dentro y fuera de Nicaragua para debilitar y aislar a la dictadura,
- construir una narrativa común que exprese la voluntad de cambio respetando la diversidad de voces y evitando cualquier uniformidad ideológica.
También proponen:
- crear grupos pluralistas que representen la diversidad política, social y generacional de la oposición para incidir a nivel internacional,
- articular la resistencia interna y externa con garantías de seguridad,
- seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos,
- exigir justicia internacional por crímenes de lesa humanidad, promover el desconocimiento de la legitimidad del régimen Ortega-Murillo por parte de la comunidad internacional,
- exigir condiciones para el retorno seguro de los exiliados,
- elaborar un plan detallado de transición democrática con gobierno transicional, Asamblea Nacional Constituyente y depuración de las fuerzas de seguridad,
- recuperar los bienes ilícitamente apropiados por la familia gobernante.
La proclama concluye haciendo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que apruebe una resolución que reconozca formalmente la ilegitimidad del régimen y la ruptura del orden constitucional, y agradece el apoyo sostenido de gobiernos y organismos internacionales, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea.
Invita además a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país a sumarse a estos esfuerzos sin renunciar a su propia autonomía ni a su identidad ideológica, poniendo siempre a Nicaragua por encima de intereses personales o grupales.
La proclama fue firmada por organizaciones de la sociedad civil como la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN, “Monteverde“) y partidos políticos como Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Liberal Independiente (PLI), totalizando más de unas 36 organizaciones y coaliciones políticas.
