CIDH condena las muertes de dos opositores encarcelados en Nicaragua

La Comisión Interameriacana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las muertes de los ciudadanos nicaragüenses Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas, ambas ocurridas cuando estaban bajo custodia de la Policía sandinista, por medio de un comunicado este lunes, 29 de septiembre.

Cárdenas, de 68 años, fue detenido el 18 de julio de este año “como alegada represalia por su labor como asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)”, reconoció la Comisión. Su fallecimiento fue confirmado el 29 de agosto, sumándose a un alarmante agregado de personas fallecidas en circunstancias sospechosas en prisión.

El fallecimiento de Alonso, de 64 años, había sido anunciado el 25 de agosto. “En ambos casos, sus familiares habían denunciado que desconocían su paradero y estado de salud, y que solo tuvieron certeza de su muerte al momento de la entrega de los cuerpos“, destaca el comunicado.

“Además, no habrían sido informados sobre las causas del deceso y habrían sufrido amedrentamientos y amenazas para obstaculizar la realización de servicios funerarios conforme a sus creencias, siendo forzados a enterrarlos de manera inmediata“, agrega.

La CIDH denunció la acrecentada represión policial en el país, citando numerosos operativos de la Policía en los últimos meses. Crucialmente, la Comisión nota que un nuevo patrón de desapariciones forzadas figura como característica típica en las detenciones realizadas en los últimos meses.

Asimismo, la Comisión deploró que aún “persisten las graves condiciones de detención ampliamente documentadas por la Comisión, algunas de las cuales cruzan el umbral de la tortura, que afectan de manera particular a personas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad“.

Nicaragua ignora medidas

Citando al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, la CIDH afirmó que al menos 63 personas continúan privadas arbitrariamente de libertad bajo la dictadura sandinista. Entre ellos, “se desconoce el paradero y condición de salud de 33“.

De ese total, subraya la Comisión, 14 son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y 12 son beneficiarias de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales la dictadura sandinista no ha honrado a pesar de formar parte del Sistema Interamericano.

La CIDH, en consecuencia, “insta al Estado a liberar a todas las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos. Es imperativo que se adopten medidas que permitan verificar su estado de salud y facilitar que puedan ser visitadas por sus familiares y defensa técnica de confianza“, concluye.

Pocos días antes de publicarse este comunicado, un ciudadano indígena falleció a manos de la Policía sandinista en la Región Autónoma del Caribe Sur tras ser detenido, presuntamente, por un error de identificación. Aunque no se ha determinado un perfil político en el crimen, el actuar de la Policía sandinista apunta al mismo patrón que llevó a las muertes de Alonso y Cárdenas.

Se trata de la sexta muerte ocurrida bajo custodia policial desde que la dictadura recrudeció su represión tras el estallido social de abril de 2018.