Hijo de Gustavo Petro llega a un acuerdo con la Fiscalía y es puesto bajo libertad condicional
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Un juez de Colombia decidió dejar en libertad condicional a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, tras llegar a un acuerdo con las autoridades federales de no abandonar la ciudad de Barranquilla mientras continúe el proceso investigativo en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La libertad condicional otorgada a Petro Burgos también fue bajo la condición de no participar en mitines políticos ni tener contacto con alguna de las personas indagadas en el proceso por presunto narcotráfico.
De acuerdo con la Fiscalía de Colombia, llegó a un acuerdo con Nicolás Petro para colaborar con las autoridades desde su detención domiciliaria y aportar información sobre el financiamiento ilícito del narcotráfico a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La detención domiciliaria fue ratificada por la procuradora Beatriz Nieves, cuyo papel es vigilar el respeto de los derechos humanos y procesales durante las audiencias, quien aseguró que Petro Burgos “es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta, que debe ser investigada y que debe conducir a los responsables ante los estrados judiciales”.
Como parte del proceso, Petro Burgos se vio obligado a renunciar a su cargo como diputado en la Asamblea del Atlántico, que ocupaba desde enero de 2020.
El funcionario judicial reprogramó la audiencia para la revisión de pruebas que certifican que las casas y lujosos automóviles adquiridos por Petro Burgos y Daysuris Vásquez, su exesposa, no coincidían con su nivel de ingresos.
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También cuentan con testimonios y chats que dan fe que ambos recibieron dinero de empresarios y ex narcotraficantes como Samuel Santander Lopesierra, también conocido como “El hombre Marlboro”; Gabriel Hilsaca, hijo del investigado empresario Alfonso Hilsaca; y el empresario cucuteño Óscar Camacho, cuyos tíos están extraditados por narcotráfico en Estados Unidos.
De este dinero que recibió el hijo del mandatario y su exesposa, parte de ellos fueron utilizados para financiar la campaña política de Gustavo Petro, cuyos fondos excedentes no fueron reportadas a las autoridades electorales, y esto es considerado un delito, detalla la acusación de la Fiscalía.