Roban en iglesias católica y evangélica

Al menos dos robos fueron denunciados el fin de semana del viernes, 19 de septiembre en perjuicio de una iglesia católica y una congregación protestante en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) y en la capital, Managua, respectivamente. En cada robo fue sustraído equipo utilizado por las comunidades religiosas para sus actividades de culto.

El primer delito ocurrió en la parroquia de San Martín de Porres, Nueva Guinea, sujeta a la Diócesis de Bluefields. La iglesia denunció el robo contra su capilla a través de sus redes sociales el viernes, reportando “un amplificador… y también nacatamales, los cuales se venden para recoger fondos“.

“Nos entristece, ya que todo lo que se guarda y se hace para el Señor es con el esfuerzo y colaboración de todos nuestros amados fieles, que hacen realidad dichos proyectos“, agregó el mensaje de la parroquia.

La parroquia solicitó apoyo con información, poniendo a disposición el número +505 5825 7376 para cualquier indicio que pueda contribuir a recuperar parte de lo hurtado.

Otro robo de equipo

Al día siguiente, miembros de la Fraternidad Cristiana Esperanza de Vida denunciaron que dos desconocidos robaron una guitarra eléctrica y un órgano de la congregación mientras esta se preparaba para “una campaña evangelística” en su local en Villa Sol, en el Distrito VI de la capital.

Según la congregación, que anunció lo ocurrido vía redes sociales con videos de seguridad adjuntos, los ladrones se llevaron los instrumentos musicales aún en sus estuches. La congregación espera, divulgando las grabaciones, poder recuperar los instrumentos robados.

Estos delitos ocurren entre seis y diez días después de que la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberase a 1200 presos comunes en las calles del país, una medida cuyo seguimiento no es trazado apropiadamente para medir su impacto en la criminalidad del país ante la falta de transparencia de la Policía Nacional.

Ya serían 7400 reos comunes los beneficiados con el privilegio de “convivencia familiar“ en lo que va del año para un total de 59 mil en la última década. Estas liberaciones han estado plagadas de irregularidades, con la dictadura liberando ilegalmente a individuos cuyos delitos no admiten fianza y, por lo tanto, no habrían de ser elegibles para dicho régimen.