Dictadura de Nicaragua pinta de “legales” sus crímenes de lesa humanidad en la ONU

Para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, este miércoles la dictadura sandinista terminó reconociendo la comisión de crimenes de lesa humanidad -aunque pretenda mostrarlo como “legal”- durante la revisión periódica del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) sobre la grave situación que se vive en el país centroamericano.

En entrevista a Nicaragua Actual, el abogado Salvador Marenco, defensor del Colectivo de Derechos Humanos, dijo que las declaraciones de las altas funcionarias sandinistas de la Procuraduría General ante la ONU, reafirman la comisión de crimenes de lesa humanidad en Nicaragua, pese a que el régimen orteguista aún siga sin aceptar que son violaciones a los derechos humanos, y en cambio pretenda darles legalidades con aprobaciones de leyes represivas.

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A su criterio, la comunidad internacional está plenamente convencida de la grave violación a derechos humanos que ocurre en el país desde 2018 hasta la fecha, con el establecimiento de crímenes de lesa humanidad como una política de Estado.

“El Estado de Nicaragua hoy demostró continuar con una política de ocultamiento, sin embargo ha cambiado su lenguaje por uno más diplomático (aunque) aún dentro de la diplomacia siguen reconociendo crímenes de lesa humanidad. Dentro de las respuestas del Estado a las preguntas formuladas por los Estados examinadores, reconocieron la detención de Brooklyn Rivera”, señaló Marenco.

“El sábado Estado de Nicaragua, a través de su respuesta, ha reconocido el día de hoy distintos crímenes de lesa humanidad, como el de desaparición forzada, antes mencionado, como el de prácticamente ejecuciones extrajudiciales y el de detenciones arbitrarias, al mencionar que no existían policías voluntarios y que todo ha sido centralizado por parte del Estado, pero también ha reconocido el crimen de lesa humanidad de represión a través de la desnacionalización de distintos nicaragüenses”, agregó.

La desaparición forzada y el Estatuto de Roma

El abogado exiliado indicó que la desaparición forzada del líder indígena y ex legislador nicaragüense, es una de las innumerables violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometen en Nicaragua y que son mostrados al mundo como delitos comunes bajo la figura de legalidad con leyes arbitrarias.

Explicó que el Estado nicaragüense, mediante las funcionarias que estaban representándolo, ha aceptado tácitamente el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas, tras el ocultamiento del paradero de Brooklyn Rivera. incluso, insistió en que desde 2023 se ha instalado en Nicaragua un patrón sistemáticos de desaparición forzada de personas presas políticas.

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“Evidentemente nos encontramos ante la perpetuación de una cadena de crímenes de lesa humanidad, como es el encarcelamiento o detenciones arbitrarias ligado a la tortura, violencia sexual y desaparición forzada de personas. Es importante mencionar que el Estado se sigue negando a ratificar protocolos internacionales porque sabe que la justicia a los perpetradores de estos crímenes llegará pronto dentro o fuera de Nicaragua. Además el Estado menciona que no ratificará el Estatuto de Roma”, denunció.

Cabe señalar que este punto sobre el Estatuto de Roma, que efectivamente da la potestad a la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos, es la justicia que el pueblo nicaragüense anhela alcanzar para Ortega y Murillo a través de una investigación por crímenes de lesa humanidad en Argentina.

“En Nicaragua se ha cometido la ejecución extrajudicial, la tortura, violencia sexual, desaparición forzada de personas, encarcelamiento o detenciones arbitrarias, además del traslado forzoso o deportación, y la falta de ratificación del Estatuto pretende bloquear la justicia en el país, una justicia que a través del principio de jurisdicción universal puede ser aplicada por diversos Estados como lo está haciendo en Nicaragua”, explicó.

“Argumentaciones injustificadas”

Para el Colectivo, las argumentaciones del régimen sandinista en la comisión de delitos o crímenes de lesa humanidad, son “injustificadas” pese a la aparente legalidad que intentan mostrar con la aprobación de leyes a través de la oficialista Asamblea Nacional. Es decir que en Nicaragua existe “una política de Estado de justificar todas las violaciones a derechos humanos al darle una apariencia de legalidad”.

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“Esto es una política de tratar de negar las violaciones a derechos humanos amparándose en las leyes”, insiste.

Por otro lado, el régimen sandinista fue cuestionado sobre la separación e independencia de los poderes del Estado nicaragüense, a lo que las funcionarias sandinistas se refirieron como positivo, pues dijeron que “todos los poderes son independientes, que tienen funciones claras y establecidas en un marco legislativo” y nuevamente mencionaron las leyes como un factor fundamental en el ejercicio de los Poderes del Estado.

“Mencionan fervientemente que en Nicaragua se han cancelado algunas organizaciones, sin embargo, se ha cancelado casi el 80% de organizaciones, además de ciudadanos que se encuentran en una situación de desaparición forzada, y al menos 452 nicaragüenses que han sido desnacionalizados a través de una sentencia arbitraria, pero también centenares de nicaragüenses se encuentran en una situación de apatridia de facto”, finalizó.