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  • 11:56 am
  • Jul 24, 2024

Sacerdotes presos fueron víctimas de “desnudez forzada”, según informe

De acuerdo con el informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, los actos de desnudez fueron actos deliberados y se llevaron a cabo con la intención de exponerlos a dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales.

De izquierda a derecha los sacerdotes: Leonardo Guevara Gutiérrez, Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Jaime Montesino. El último fue detenido mientras los otros dos están siendo investigados. Cortesía.
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Daniel y Rosario embriagados de odio contra la iglesia católica y sus pastores, ordenaron a los carceleros del nuevo Chipote y del Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa someter a “desnudez forzada” a los sacerdotes que secuestró meses atrás, así lo revela una actualización del informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua en que evidencia la total violación de derechos humanos que sufrieron miembros de esa institución religiosa.

“Estos actos incluyen: largos interrogatorios; amenazas; desnudez forzada; prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; luz artificial continua; y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes”, manifiesta el documento.

El Grupo de Expertos manifiesta en este documento que tiene motivos razonables para creer que los actos u omisiones cometidos por agentes de la policía sandinista y del Sistema Penitenciario Nacional fueron actos deliberados y se llevaron a cabo con la intención de imponer a las personas miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositoras o percibidas como tales, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales.

Además refieren que “los funcionarios que participaron en cada uno de los casos de tortura y malos tratos documentados actuaron con el propósito de obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a las víctimas, o de discriminarlas por ser o ser percibidas como opositoras al Gobierno.

“Hay motivos razonables para creer que el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo, funcionarios y autoridades de los poderes e instituciones del Estado a todos los niveles, referidas en la sección VII del documento, participaron en un patrón de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en contra de los miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositores o percibidos como tales”, dice el informe.

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