Dictadura prohíbe ingreso a 4 religiosos, entre ellos al representante legal del colegio Liceo Franciscano

Otros cuatro religiosos católicos fueron impedidos de ingresar al país por autoridades de Migración y Extranjería al servicio de los Ortega Murillo, entre ellos fue identificado el representante legal del colegio Liceo Franciscano de Managua, Fray Juan Francisco Solís Melgar.

La negativa de ingreso fue confirmada por la abogada e investigadora de los ataques dirigidos por la dictadura sandinista contra la iglesia católica de Nicaragua, Martha Patricia Molina, este viernes cinco de enero a través de sus redes sociales.

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Aunque los demás nombres no fueron revelados, se supo que otros tres religiosos no identificados venían a Nicaragua para realizar misiones cristianas encomendadas por sus prelados.

En el caso del fray Juan Francisco Solís Melgar, también vice comisario encargado de la región de Nicaragua en la Fraternidad Nuestra Señora de Fátima de la Colonia Centroamérica, en Managua, se supo que el régimen sandinista le impuso el bloqueo migratorio luego salir del país para asistir a una actividad religiosa.

Esta es una de las medidas represivas utilizadas por la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de sacerdotes y obispos de la iglesia católica, en un intento por desaparecer a la única institución independiente que ha denunciado los ataques y crímenes contra las voces disidentes del gobierno sandinista.

El opositor y excarcelado político Félix Maradiaga, denunció la nueva forma de persecución orquestada por la policía sandinista al servicio de los dictadores Ortega Murillo contra feligreses de la iglesia católica, a quienes les han recetado casa por cárcel y la prohibición de participar en cualquier actividad religiosa.

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Esta nueva modalidad de persecución religiosa es «una situación alarmante y profundamente preocupante que se está desarrollando en Nicaragua bajo la dictadura Ortega Murillo», expresó Maradiaga, quien aseguró que desde marzo pasado se ha intensificado las medidas represivas que afectan a un centenar de ciudadanos nicaragüenses en al menos cinco departamentos del país.