Continúan purgas en la Corte: Murillo le niega a magistrado liberal regresar a su oficina

Una fuente cercana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó al medio aliado 100% Noticias que por órdenes de Rosario Murillo al magistrado liberal, Manuel Martínez, se le impidió el regreso a su oficina en este poder estatal en medio de purgas y encarcelamientos de altos funcionarios cercanos a la ahora ex presidente Alba Luz Ramos, quien cayó en desgracia hace ya dos semanas.

Hasta ahora la sancionada Policía sandinista, el brazo represor de Ortega y Murillo, se tiene tomado el edificio de la Corte Suprema de Justicia en Managua y sus sedes en los departamentos donde también se reportan destituciones masivas de altos funcionarios judiciales como parte de la “barrida” que hace la vicedictadora para obtener el control de este poder tras aniquilar a la consentida por Ortega, la Alba Luz Ramos.

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Este lunes, se conoció que el magistrado Martínez no ha podido regresar a su oficina tras negativa de la Policía, y que la orden es que solamente Marvin Aguilar, “presidente en función” de la Corte, y Juana Méndez, posible futura titular de este poder judicial, pueden llegar a las oficinas.

“Únicamente están llegando a la Corte los Magistrados Marvin Aguilar y Juana Méndez”, indicó la fuente anónima.

Dictadura amenaza a funcionarios judiciales

El ex funcionario judicial de Nicaragua y abogado penalista, Yader Morazán, reveló este lunes que se “extendió a todos los departamentos del país” la toma del Poder Judicial. Presuntamente, llega la Policía y se toma por asalto los complejos judiciales, y en compañía de un magistrado de Tribunal de Apelaciones asignado, “llaman al trabajador, le notifican su destitución en presencia de policías y les piden que entreguen sus celulares y contraseña”.

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“Hay “destituidos” desde magistrados, jueces, secretarios y personal de apoyo.. Todo sin proceso ordenado por la ley, y  sin acuerdo legítimo firmado por el consejo de magistrados”, publicó en su red social X.

Morazán dijo que entre los “destituidos” se encuentra “la persona que hizo posible la validación de todos los procesos políticos clandestinos con Defensores Públicos impuestos. Es decir, la directora general de la Defensoría a nivel nacional”, la sandinista Clarisa Ibarra Rivera.