EEUU sanciona a cien funcionarios municipales del régimen de Ortega

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El gobierno de los Estados Unidos sancionó este viernes a cien funcionarios municipales de la administración dictatorial de Daniel Ortega por el poder que estos ejercen en apoyo al régimen sandinista para atacar las libertades fundamentales del pueblo y por violar los derechos humanos de los nicaragüenses.
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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció mediante un comunicado de prensa que restringe el visado a “100 funcionarios municipales de Nicaragua” por el cierre y confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana (UCA) y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), dos de los centros de enseñanza superior más prestigiosos del país.
“Al día de hoy, hemos restringido el visado a más de 1,000 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a aquéllos involucrados en los abusos a los derechos humanos, la represión de las voces independientes y la corrupción. Quienes participan en la represión y niegan los derechos a sus conciudadanos no deberían esperar viajar libremente a los Estados Unidos”, anunció el Secretario de Estado.
EEUU exige la libertad de monseñor Álvarez
Blinken llamó a la dictadura sandinista a liberar a todos los reos de conciencia quien por “apoyar valientemente una sociedad civil libre y la libertad de conciencia” pagan injustas condenas de cárcel, como es el caso del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien purga una pena de 26 años de prisión por razones políticas.
“Los Estados Unidos continúan trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua. Seguimos comprometidos con la promoción del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua”, agregó.
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El Secretario de Estado indicó que esta medida en contra de los funcionarios de Daniel Ortega “fue tomada conforme a la Proclama Presidencial 10309”, misma que suspende la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes a miembros del régimen de Nicaragua y a otras personas que apoyan a la dictadura y cometen actos para socavar la institucionalidad democrática del país centroamericano.