Estas son las reacciones de los abogados nicaragüenses inhabilitados “perpetuamente” por la dictadura

Luego que la dictadura sandinista a través del Poder Judicial, anulara de manera perpetua la licencia de abogados y notario públicos a más de una veintena de nicaragüenses profesionales del derecho, algunos de estos reaccionaron no de manera sorpresiva, pues consideran que se puede esperar “lo peor” de un régimen criminal como el de la familia Ortega Murillo.

La noche de este jueves, la pareja dictatorial ordenó la disolución “de por vida” a los profesionales del derecho, Edgard Parrales Castillo, José Pallais Arana, Noel Vidaurre Argüello, José Talavera Aráuz, Hugo Rodríguez Flores, Ana Margarita Vijil, Osman Aguilar Rodríguez, Moisés Astorga Sáenz, María Oviedo Delgado, Manuel Sobalvarro Bravo, Róger Reyes, Hader González Zeledón y María Camacho Chévez.

Asimismo, fueron despojados de su licencia de abogados, Uriel Pineda Quintero, Sergio Ramírez Mercado, Mónica López Baltodano, Héctor Mairena, Guillermo Carrión Maradiaga, Eliseo Núñez Morales, Manuel Díaz Morales, Álvaro Leiva Sánchez y Vilma Núñez de Escorcia.

LEA MÁS: Dictadura anula de forma definitiva la licencia de abogado a nicaragüenses desterrados

También figuran el ex guerrillero sandinista y defensor de Daniel Ortega, Marlon Sáenz Cruz, conocido como el “Chino Enoc”; el ex funcionario judicial y cercano a la presidenta orteguista de la CSJ, Roberto Larios Meléndez; y el ex magistrado de la CSJ, Rafael Solís Cerda.

“Suspéndase de forma definitiva del ejercicio de la profesión de abogados y notarios públicos”, reza la resolución judicial firmada por el secretario de la CSJ, Rubén Montenegro Espinoza.

Todos los juristas que fueron incluidos en la lista, inhabilitados de forma perpetua, en su mayoría son desterrados, desnacionalizados y excarcelados políticos.

Abogados reaccionan 

Aunque para muchos la decisión de la dictadura sandinista es una total y cruel ilegalidad al derecho y ejercicio su vocación, otros se muestran dignos pues consideran que no podrán borrar ni los años de estudios, ni su experiencia como profesionales del derecho.

Para Yonarqui Martínez, una de las primeras abogadas en ser inhabilitadas por la dictadura el pasado miércoles 10 de mayo, reconocida por su labor incesante en la defensa de cientos de presos políticos, calificó la decisión del régimen como “un acto de cobardía al no poder callar una voz de quien tiene más que un título de bachiller”, en referencia a la poca preparación académica del eterno gobernante y dictador de Nicaragua, Daniel Ortega.

Ana Margarita Vijil, miembro de la organización política Unamos y expatriada por el régimen de Ortega, considera que las malas noticias vienen de la mano de una buena.

“Ayer me dormí con la noticia de que la Corte Suprema de Justicia había decidido cancelar mi título de abogada junto con el título de otras 24 personas, hoy me levanté con la noticia de que el gobierno español había aprobado una solicitud de nacionalidad española, a una noticia difícil, una noticia esperanzadora”, dijo Vijil.

La activista agradeció al gobierno español por lo que llamó “tremendo gesto de solidaridad”, para con ella y con el resto de nicaragüenses. “A ustedes decirles que yo siempre voy a ser nicaragüense y que siempre voy a trabajar por regresar a esa Nicaragua libre y linda, democrática y verde que nos merecemos”, dijo emocionada.

Medida está lejos de realidad jurídica

En tanto, Róger Reyes, reconocido abogado y ex carcelado político, además de desnacionalizado por Ortega, por defender legalmente al también ex carcelado y ex aspirante presidencial, Félix Maradiaga, objetó que la medida está “lejos de toda realidad jurídica”.

El jurista Eliseo Núñez, criticó que “mientras muchos discuten sobre si somos de izquierda o derecha, Ortega nos mira a todos como sus enemigos”, y añadió que “si mi título me lo pueden quitar, lo que yo sé no”.

VER TAMBIÉN: Suspensión de licencia de abogados es una clara campaña de sanciones a opositores

El abogado y fuerte crítico de la dictadura orteguista, Héctor Mairena,  escribió un comentario sarcástico en su cuenta de Twitter: “Díganles que mañana llego”, en referencia a la ordenanza de la Corte Suprema de Justicia donde solicitan a los cancelados entregar en un término de 24 horas, sus documentos titulares, así como el sello y carné de abogados. “¡Imbéciles ratas!”, añadió.

Para el profesional del derecho y defensor de los derechos humanos, Álvaro Leiva, manifestó que esta “es una acción espuria e ilegal, como todo lo actuado por ellos, que pronto será revocada”.

En tanto, Mónica López Baltodano, hija de la exguerrillera sandinista, Mónica Baltodano, expresó que “pueden intentar desaparecer los títulos que me dio la Corte Suprema de Justicia luego de haber culminado mi carrera como graduada Suma cum laude de la Facultad de Derecho, pero, para su dolor, ya llegaron muy tarde, porque mis tres libros de 10 años de lucha jurídica, junto a ambientalistas y el Movimiento Campesino Anticanal no van a poder desaparecerlos en sus hogueras de la ignorancia”.

Otros defensores como Uriel Pineda, María Oviedo, entre otros, también denunciaron las acciones ilegales del binomio sandinista que continúa atentando contra la seguridad y estabilidad del país.