Suiza mantiene vigentes sanciones contra funcionarios e instituciones de Ortega

El país europeo de Suiza, a través de su Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza, le dio nuevamente vigencia a las sanciones emitidas en contra de 21 personas y tres entidades, cómplices de la dictadura sandinista, entre ellas, Rosario Murillo y sus hijos, Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo.

Las medidas restrictivas fueron emitidas por este país, el pasado 24 de enero del 2022, y este lunes 06 de febrero del 2023 decidió renovarlas. Las sanciones están sujetas a una congelación de activos, restricciones de viaje y tránsito en Suiza, además de prohibiciones de fondos a la disposición de los 21 funcionarios y las tres entidades de Ortega; todos señalados de deteriorar la democracia y los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

La lista de sancionados está integrada por Nahima Díaz (hija del Primer Comisionado Francisco Díaz), titular de Telcor, Brenda Rocha, Cairo Amador, Lumberto Campbell, estos tres magistrados del CSE, Luis Ángel Montenegro, Superintendente de Bancos, la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y Telcor.

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Señalados por múltiples delitos

Las sanciones especifican que Rosario María Murillo Zambrana, esposa del dictador Daniel Ortega, fue fundamental para alentar y justificar la represión de la oposición por parte de la Policía Nacional en 2018, dijo la Secretaría de Estado de Economía (SECO). También amenazó públicamente a la oposición y ha desacreditado a los periodistas independientes.

Camila Antonia Ortega Murillo está muy involucrada en acciones de apoyo a la pareja presidencial como asistente personal de su madre. Es vicepresidenta y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa. También es directora de la plataforma Nicaragua Diseña y del canal de televisión Canal 13.

“Es responsable de utilizar Nicaragua Diseña para apoyar las fraudulentas elecciones presidenciales y parlamentarias que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, creando cuentas falsas en diferentes plataformas de medios sociales”, argumentó la Secretaría de Estado de Economía (SECO), de Suiza, al emitir la sanción el pasado viernes.

Como directora de Canal 13, agregan, Camila Ortega ha contribuido a difundir el discurso de odio del régimen de Ortega contra la oposición cívica, mientras restringe la pluralidad editorial y la persecución de periodistas y medios de comunicación independientes, eliminando la libertad de expresión y la competencia electoral real.

“Ha desempeñado un papel central en la supresión del pluralismo político y la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense. Por lo tanto, se le asocia con personas responsables de socavar la democracia y de graves violaciones de los derechos humanos y está apoyando dicha represión y violaciones”.

Laureano Facundo Ortega Murillo, según el gobierno suizo, ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal de líderes de la oposición política nicaragüense y precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, a los que ha calificado de “terroristas”.

Ha actuado como asesor económico de su padre Daniel Ortega y del régimen a través de la agencia gubernamental ProNicaragua. “Además, es responsable del funcionamiento de Bancorp, una entidad cuyo objetivo principal es ayudar, patrocinar y apoyar financieramente las actividades represivas de su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo”.

Brenda Rocha es desde mayo del año pasado la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 que, por su falta de transparencia, de verdadera oposición y de debate democrático, socavaron las instituciones y los procesos democráticos.

“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. Por tanto, es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”, señaló la entidad. Por estas mismas razones también fueron sancionados los magistrados Cairo Amador y Lumberto Campbell.

Nahima Díaz Flores es la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Telcor), que ha sido utilizado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidas tres organizaciones de noticias desde 2018.

Suiza asegura que durante la campaña de las elecciones generales de 2021, Telcor estuvo implementando campañas de desinformación a gran escala.

Agregó que Díaz Flores desde su cargo ha actuado como partidaria del régimen de Ortega, y ha comandado y operado acciones de desinformación y vigilancia a través de Telcor sobre la sociedad civil y la oposición democrática. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, y de socavar la democracia en Nicaragua.

Luis Ángel Montenegro, es el titular de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF). En ese cargo es responsable de la persecución de los actores financieros que se resisten a las políticas del régimen de Ortega, así como de hacer cumplir el control del régimen sobre el sector financiero.

“Fue nombrado para ese cargo directamente por Daniel Ortega, como premio a su lealtad. En su anterior función como Contralor General de la República se encargó de que las actividades financieras corruptas de Ortega no fueran auditadas y contribuyó igualmente al control del régimen por parte de Ortega”, revela la entidad sancionadora.

Sancionan a tres instituciones estatales

La Policía Nacional, antes sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, ahora es sancionada por Suiza “por ser responsable del trato degradante incluida la tortura física y psicológica, de quienes se oponen al régimen de Ortega”.

“Es responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes sin ninguna garantía legal y democrática. La Policía Nacional fue fundamental para que Daniel Ortega no se enfrentara a ninguna oposición democrática real durante las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021”, dice Suiza.

Antes de las votaciones, la Policía llevó a cabo una continua vigilancia y persecución de líderes de la oposición, allanamientos ilegales de viviendas y detenciones arbitrarias de opositores, y amenazó sistemáticamente a empleados públicos. En 2018, la Policía Nacional estuvo implicada en asesinatos de manifestantes en toda Nicaragua.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) es el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, que por su falta de transparencia, verdadera oposición y debate democrático, socavaron las instituciones y los procesos democráticos.

“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. El CSE es, por tanto, responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”, señalan.

Finalmente, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), según Suiza, ha sido utilizado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidas tres organizaciones de noticias durante la represión de 2018 y después de las elecciones generales de 2021.

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“Durante la campaña de las elecciones generales, Telcor estuvo implementando una campaña de desinformación a gran escala. Como institución encargada de la aplicación de la Ley de Ciberdelitos, Telcor ha estado comandando y operando acciones de vigilancia sobre la sociedad civil y la oposición democrática”, concluyen.

¿Quiénes son otros funcionarios sancionados por Suiza?

El presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras no se escapa de la sanciones; Suiza lo señala de promover la adopción de varios actos jurídicos represivos, entre ellos la ley de amnistía que impide cualquier investigación sobre los responsables de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en 2018, y de leyes que socavan la libertad y el proceso democrático en Nicaragua. Por lo tanto, es responsable de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Juan Valle Valle: En su calidad de dirigente, con rango de Comisionado General de la Policía Nacional de Nicaragua y en un puesto de mando de la Policía en Managua, es responsable de actos reiterados de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, que han provocado la muerte de cientos de civiles, de detenciones y retenciones arbitrarias, de violar la libertad de expresión y de haber impedido manifestaciones contra el Gobierno. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.

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Ana Julia Guido: En su calidad de fiscal general, el cargo de mayor rango de la Fiscalía, Ana Julia Guido Ochoa, fiel al régimen de Ortega, es responsable del enjuiciamiento por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política. Creó una unidad especializada que inventaba acusaciones contra manifestantes y presentaba cargos contra ellos. Además, es responsable de haber inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos al principal candidato de la oposición a las elecciones generales. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Fidel de Jesús Domínguez: En su calidad de jefe departamental de la Policía de León desde el 23 de agosto de 2018, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez es responsable de numerosas violaciones graves de los derechos humanos, en particular de detenciones y retenciones arbitrarias; entre ellas, el secuestro de miembros de la familia de un oponente político, del uso excesivo de la fuerza y de violar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática.

Alba Luz Ramos: En su calidad de presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, es responsable de instrumentalizar el poder judicial en favor de los intereses del régimen de Ortega, tipificando penalmente de forma selectiva las actividades de oposición y perpetuando el patrón de violaciones del derecho a un juicio justo, de detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de la oposición. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente el Estado de Derecho en Nicaragua.

Bayardo Arce Castaño: En su calidad de asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño ejerce una influencia considerable en las políticas del régimen de Ortega. Por lo tanto, está vinculado a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Ha respaldado la elaboración de legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Por lo tanto, es responsable de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.