Ortega implanta estado de terror y criminaliza el ejercicio de ciudadanía, según informe de DDHH

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presentó un informe anual sobre la situación de los DDHH en Nicaragua, el cual en ocho capítulos resume las violaciones al derecho de asociación, así como el cierre del espacio cívico y la implantación de un estado de terror, “con la configuración de un régimen totalitario que criminaliza el ejercicio de ciudadanía”.

En el primer y segundo capítulos de este informe se contempla el cierrre de una salida electoral debido a la imposición de un proceso sin garantías, la existencia de un poder judicial a la medida del régimen, un poder legislativo que fabrica leyes para la represión, además de la criminalización y judicialización selectiva.

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Aquí se abordan las graves violaciones a las garantías judiciales en perjuicio de voces disidentes. La implementación de un sistema basado en la tortura tratos crueles, inhumanos y degradantes, asimismo se exponen los nuevos patrones de torturas.

En su tercer capítulo, el informe contiene también el tema de la impunidad como política de estado que incluye la conocida narrativa oficial que niega los crímenes de estado desde el 2018.

“Un estado que promueve y premia la impunidad y trabaja para imponer su borrón y cuenta nueva. Así como la criminalización a quienes demandan justicia”, señala el documento.

El cuarto capítulo hace un análisis de los ataques a diferentes blancos de la represión y la violencia de estado tales como: Mujeres defensoras de los derechos humanos, periodistas artistas, líderes religiosos, campesinos, indígenas y afrodescendientes, “todos víctimas de una violencia imparable y sin límites por parte del régimen”, apunta el informe.

El quinto capítulo hace referencia al manejo de la pandemia y a las consecuencias derivadas de la falta de adopción de medidas con resultados trágicos en la población nicaragüense, víctima de la represión y de la ausencia total de protección por parte del estado frente a una pandemia mortal.

El sexto capítulo aborda el desplazamiento forzado sin precedentes en la historia de Nicaragua y las condiciones de la población desplazada, así como el acceso a derechos en el país de acogida.

El séptimo capítulo se centra en la presión internacional a la dictadura y la respuesta por parte del régimen, así como la negativa del estado al mando de Ortega, de implementar las recomendaciones de los diferentes mecanismos de protección, la posición de la comunidad internacional frente al proceso de votaciones en noviembre del 2021 y el surgimiento de un mecanismo de rendición de cuentas para Nicaragua que abre la posibilidad de una nueva hoja de ruta en la búsqueda de la anhelada justicia demandada por las víctimas.

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Finalmente, en medio de este contexto profundamente marcado por el dolor como resultado de un régimen cruel y violador de derechos humanos, tenemos la convicción que la sistemática represión con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad hasta ahora en total impunidad solamente se explican por la firme decisión del pueblo nicaragüense en resistencia extraordinaria recientemente reafirmada con su decisión de dejar vacías las urnas en el consulado fraude de noviembre del 2021.

“En consecuencia la familia Ortega Murillo cuenta con acacia absoluta concentración de poderes principalmente el de las armas. Sin embargo no cuenta con la voluntad política del pueblo qué es la esencia razón y fuente de legitimidad del poder pues desde hace años le dijo No a toda forma de dictadura y continuidad familiar”, indica el informe.

Finalmente agrega que “aunque para nada ha sido fácil nos llena de orgullo estar y seguir al lado correcto de la historia tenemos la firme convicción que Nicaragua irremediablemente será libre”.